¿Por qué la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado pretende abrogarse una facultad que es del Pleno e inventa como pretexto el que la ley es confusa sobre quién debe de regresar a la Auditoría Superior del Estado las cuentas públicas que sean objeto de observaciones?
¿Será que al estar atados de manos por la ley y no poder modificar dichas cuentas -entiéndase “lavarlas”-, buscan una nueva forma de “entenderse” con los presidentes municipales responsables de enfrentar dichos cargos?
¿Por qué el Pleno aceptó y aprobó el Acuerdo Legislativo que le presentó esta Comisión que encabeza Salvador Barajas del Toro, bajo el argumento de que se “debe de tomar en cuenta el principio de economía procesal, en el sentido de que se deben de satisfacer los procedimientos con el mayor ahorro posible de esfuerzo y que se obtenga el máximo rendimiento con el mínimo gasto y tiempo, evitando la repetición de procesos, siempre que existan datos o evidencias suficientes para resolver el asunto”, como lo exponen en su documento?
¿De cuándo acá a la Comisión de Vigilancia le importa el ahorro de tiempo y gasto, si desde hace semanas se aprobó regresar a la Auditoría la Cuenta Pública de Puerto Vallarta y es fecha de que aun no se la hacen llegar? ¿Será que han medido los tiempos para que si la Auditoría la vuelve a regresar con cargos,  sea cuando Barajas del Toro ya no esté en el Congreso por haber pedido licencia, y así se evita un conflicto con el dirigente del PRI, Rafael González, pues los cargos son contra su hijo edil de Vallarta?
Deveras que levanta muchas sospechas esta pretención de los integrantes de la Comisión de Vigilancia, pues además las cuentas públicas que le regresaron a la Auditoría no son por errores graves y mucho menos que tengan que ver con el monto de los cargos. Es más, además de que dichas cuentas que regresaron no están fechadas, prácticamente están redactadas con un “machote” y sólo hay pequeñas diferencias en las observaciones.
Ojo. Aquí hay “gato encerrado” y nos lleva a pensar que desde la Comisión de Vigilancia se pretende llegar a “arreglos” con los presidentes municipales objeto de los cargos en sus cuentas públicas, y una salida puede ser el regresarlas a la Comisión de Vigilancia para ganar tiempo y el Pleno no las apruebe con los carfgos que inicialmente se les fincaron.
No hay duda que nuestros diputados tienen mañas para todo. Ojalá y el magistrado Alberto Barba, quien tiene a su cargo el caso en el Tribunal Administrativo, al que recurrió la Auditoría, no caiga en el juego y la trampa de los diputados.