Por Hugo Luna

 

La urgencia de remover al subprocurador de Delitos Especiales, Ramón González por su mal desempeño. Es algo imperativo para el sector privado. Aquí caben varias reflexiones en ese sentido:

  • Era necesario crear un área exclusiva para tareas de contrabando, misma que no tenía presupuesto asignado y personal capacitado.
  • O simplemente fue una ocurrencia más del gobernador Emilio González Márquez en respuesta a la solicitud de los industriales
  • La designación de Ramón González fue una maniobra política por encima de los intereses de la población.

Es lamentable que el “zar anticontrabando” en este tiempo, no haya trabajado en el diseño de una política pública en el combate a la ilegalidad, recuperación del mercado interno, del que entre 60% y 70% está en la informalidad, y fomentar una cultura de la legalidad. Caramba, eso raya en lo absurdo de parte de este pésimo servidor público.

Como hacer frente a las tendencias del comercio mundial, a los retos que impone la globalización y las nuevas regulaciones de seguridad exigidas por los Estados Unidos son prioridades que la autoridad competente debe comprender.

En los años 30 si la memoria no me falla, en algún escrito en sus obras escogidas el Presidente Mao afirma que “los tigres no hablan con los gatos”. Se refiere con esta frase a la capacidad y fuerza de fuego del ejército de Chiang Kai-shek en ese entonces frente a la debilidad, por esas mismas fechas, del Ejército Popular de Liberación. Viene a cuento la frase del líder chino, por los desaciertos del estado en materia del combate a la ilegalidad.

Es tiempo que los organismos privados despierten de ese letargo en el que se encuentran y demuestren a funcionarios ineptos, grises y perezosos de cómo sería el trabajo en este renglón. Que le pareciera que los industriales construyeran una coalición empresarial anticontrabando, esto es contar con el capital humano entrenado por el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, permitiendo el desarrollo de auditorias profesionales y homologadas en toda la cuenca Asia-Pacifico.

También considerar la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responsable de la regulación de aduanas, por donde ingresa al país la mayor parte de la mercancía ilegal.

Los municipios tampoco pueden permanecer como simples espectadores, porque son éstos los responsables de regular el comercio y, evitar así las prácticas comerciales que se dan en la vía pública, que es el destino final de la mercancía producto de la piratería, el robo y el contrabando.

Obviamente no puede quedar excluido el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y el de Derechos de Autor, a fin de definir una estrategia conjunta y erradicar la impunidad que ha sido el rasgo característico en el combate a estos ilícitos.

Es tiempo, que el sector empresarial ponga el ejemplo a los tres niveles de gobierno con una estrategia conjunta y la suma de voluntades por parte de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de una estrategia de largo plazo para combatir el contrabando, la piratería y el robo de mercancía.