Con un Poder Legislativo que baila al son que le marcan desde Casa Jalisco -evidenciado recientemente en la aprobación para sacar adelante el Constituyente-, ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se adjudicó una importante victoria al someter ahora al Poder Judicial y lograr que echaran abajo el acuerdo aprobado por mayoría el 9 de julio de promover una controversia constitucional en contra de las reformas que les serán aplicadas.

En aquella ocasión 16 magistrados votaron a favor de promover la controversia conforme se promulgaran dichas reformas y 11 votaron en contra bajo el argumento de que había que esperarse a que se publicaran en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco para analizar la conveniencia o no de recurrir a la Suprema Corte de Justicia.

Sabedor de que de presentarse la controversia el fallo de la Suprema Corte sería a favor de los magistrados, el Mandatario estatal le encargó a dos de sus colaboradores operar para evitar que eso sucediera: al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y al titular de la Consejería Jurídica, Adrián Talamantes Lobato. Pero sumó para su causa a quien ya le había dado muestras de ser su aliado -concretamente en el caso del Constituyente-, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Gustavo Macías Zambrano.

Y los tres cumplieron su encomienda. De los 16 magistrados que votaron a favor de la controversia, lograron que siete de ellos recularan y se sumaran a aquellos 11 magistrados para así revocar dicho acuerdo. Indudablemente que quien tuvo un papel estelar en esta jugada fue el magistrado presidente del Poder Judicial, Ricarso Suro Esteves, a quien le ganó el temor y terminó por entregarse al Ejecutivo, aún y cuando ello significara traicionar a los suyos y dejar a su suerte a los jueces.

Recuérdese que Suro Esteves llegó al Supremo Tribunal de Justicia como un capricho del ex gobernador Aristóteles Sandoval y fue designado presidente del Poder Judicial como imposición del padre del ex gobernador y entonces también magistrado, Leonel Sandoval.

Sin obstáculo de por medio, ahora sí el gobierno alfarista -tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo-, pondrá a operar la maquinaria para elegir a los nuevos magistrados cuyas sedes hoy están vacantes y a un consejero de la Judicatura, cuyo espacio quedará libre a finales de éste mes.

¿Por qué los magistrados no se atrevieron a promover la controversia y dejar en mano de los ministros de la Suprema Corte su suerte, y que fueran éstos quienes le dieran o no la razón a ellos o a los poderes Ejecutivo -que presentó la iniciativa- y Legislativo -que aprobaron las reformas-? ¿Será porque sabían que la razón les asistía a ellos y les dio miedo derrotar al gobernador Alfaro Ramírez? ¿O a cambio de qué los siete magistrados que cambiaron de opinión, lo hicieron y traicionaron a sus compañeros con quienes inicialmente votaron a favor de la controversia?

Mientras Enrique Alfaro asegura que con su decisión el Poder Judicial rectificó una posición equivocada que habían asumido, la realidad es que con su decisión los magistrados confirmaron que siguen a merced y a las órdenes y disposición del Ejecutivo, dejando pasar la oportunidad de sacudirse y dar un paso importante para mantener su autonomía e independencia, y demostrar que desde su interior pueden reformarse sin la intromisión de sus pares.

Pero desde el Ejecutivo se hicieron valer los métodos de presión que siempre han aplicado los anteriores inquilinos de Casa Jalisco con igual o mayor éxito, pues en los hechos demostró que a la mayoría de los magistrados y de los diputados los mantiene bajo su control.

La dignidad de los magistrados que terminaron por entregarse al Ejecutivo quedó cuestionada si no es que hecha añicos.

Al tiempo.