Ayer el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen denominado “Muerte Civil” que sanciona con la inhabilitación permanente a funcionarios públicos y particulares que cometan actos de corrupción, y cuyo tema en lo local trabajan aún como iniciativa los diputados Héctor Pizano, Quirino Velázquez y Enrique Velázquez.

Conciliada con la iniciativa que en el mismo sentido propuso la bancada del PAN, el dictamen presentado ante el pleno por el senador Clemente Castañeda establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estará facultado para “imponer como la sanción más severa, la inhabilitación permanente a servidores públicos y a particulares que cometan faltas administrativas graves en perjuicio de las finanzas públicas por un valor de más de mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido en 84.49 pesos”.

¿Cuántos funcionarios públicos vemos y hemos visto “brincando” de un gobierno a otro -incluso de diferente partido político-, con el aval del gobernante en turno, no obstante estar señalados o acusados de presuntos actos de corrupción? ¿Cuántos de estos funcionarios se refugian precisamente en nuevos gobiernos, aún y cuando sean de partido diferente al suyo, en busca del cobijo, refugio e impunidad que le da tener “cuates” en ese gobierno, en no pocas veces el mismo gobernante, pese a sus actos de corrupción que la autoridad correspondiente es incapaz, se niega o no tiene voluntad para investigar?

¡Bienvenida la “Muerte Civil” aprobada en el Senado y la que pudiera aprobarse en el Congreso del Estado!

Si, bienvenida… siempre y cuando en el “cortejo fúnebre” se le acompañe de la denuncia penal correspondiente y la Fiscalía -federal o estatal- actúe en consecuencia en contra de ese funcionario corrupto, pues de otra manera ese aparentemente severo castigo que significa la “Muerte Civil” no es otra cosa que premiar al corrupto a que se vaya a vivir de su fortuna, con la única penalidad de que ya no podrá seguir robando.

Y es que incluso, actualmente, no son pocos los funcionarios que años atrás, en la administración federal, estatal o municipal, e incluso en el Legislativo o el Judicial, incurrieron en actos de corrupción y por voluntad propia viven ya en el retiro, disfrutando de los recursos público malhabidos, sin necesidad de que se les haya aplicado la “Muerte Civil”, pero eso sí disfrutando de la impunidad que les da saberse que no serán alcanzados por la mano de la justicia penal.

Por otro lado, ¿no hay sanción alguna para el gobernante -o jefe inmediato- que incluya entre sus colaboradores a quienes fueron funcionarios públicos y están señalados de incurrir en actos de corrupción o de enriquecimiento ilegal, pòrque inexplicable no lo es cuando se sabe de dónde proviene su riqueza?

De entrada, bien por los senadores que aprobaron la “Muerte Civil” y bien si los diputados locales lo aprueban, pero, insisto, esa “Muerte Civil” puede ser artificial si antes no se le aplica el castigo penal que se merece. Y reitero, esa sanción debe extenderse para el gobernante que contrata al corrupto, pues aquí aplica aquello de “que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”.

Y miren que el gobierno de Enrique Alfaro tiene en Jalisco esa prueba de fuego de castigar a quienes hoy él mismo ha señalado y acusado de presuntos actos de corrupción, porque si todo queda en mera simulación, en la representación de un show mediático, porque de antemano se negoció en lo “oscurito” o en los “sótanos del poder” con su antecesor el gobierno aristotelista, entonces la “Muerte Civil” deberá de aplicársele al alfarismo, aunque sea electoralmente en 2021 y 2024.

Al tiempo.