Pese al berrinche de algunos diputados que hoy se quieren convertir en adalides de la honestidad y moralidad, ante su ambición de seguir viviendo del presupuesto público, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado, concluyó que no hay irregularidad ni delito alguno qué perseguir en la entrega de prestaciones adeudadas al auditor superior Alonso Godoy Pelayo.
Como en su momento lo adelantamos en varias entregas publicadas aquí en marcatextos, el titular de dicha dirección, Luis Antonio Rocha Santos, asienta en su “Opinión Jurídica” sobre este caso -a solicitud de la Junta de Coordinación Política de la actual Legislatura-, que las prestaciones laborales que se le pagaron al auditor Godoy Pelayo “sí fueron procedentes” y que, por lo tanto, “no es jurídicamente procedente el iniciar algún tipo de procedimiento de responsabilidad de servidores públicos, en contra del funcionario…”.
Cabe señalar que días atrás, cuando trascendió públicamente esta “Opinión Jurídica”, aun no oficial, algunas voces se dejaron escuchar condenando el trabajo y la conclución a la que llegó el también ex magistrado del Tribunal Administrativo Rocha Santos, como fueron los casos de los diputados Jesús Casillas, del PRI, y José María Martínez Martínez, del PAN, no obstante que fue éste quien como integrante de la LVII Legislatura firmó un acuerdo para que se le pagaran a Godoy Pelayo y otros trabajadores del Congreso, los adeudos por las prestaciones no pagadas.
Casillas habló de “inconsistencias” en la investigación, mientras que Martínez rechazó acatar la resolución oficial de un órgano del Congreso y asumió una postura meramente política en el sentido de que para su fracción parlamentaria -aunque no todos sus compañeros diputados están de acuerdo con su postura-, Godoy Pelayo es culpable de haber recibido dinero que no merecía.
Rocha Santos concluye que el pago de dichas prestaciones “se encuentran fundadas y motivadas en el Acuerdo Interno de la Comisión de Administración de la LVIII Legislatura (…), que a su vez ratifica el diverso Acuerdo Interno de la Junta de Coordinación Política (de la que formó parte Martínez Martínez), en unión de la Comisión de Administración de la LVII Legislatura…”.
Aclara el documento que “no se hace mención alguna ni se emite opinión jurídica respecto al monto de las cantidades (…), toda vez que no se localizaron documentos que contengan los cálculos, desgloses y/o la información respectiva que describa las operaciones matemáticas que en su oportunidad se hayan realizado…”.
Y determina, además, “que no es jurídicamente procedente el iniciar algún tipo de procedimiento de responsabilidad de servidores públicos en contra del funcionario de mérito (…), ya que precisamente tales Acuerdos Internos es en los que la Comisión de Administración de la LVIII Legislatura sustentó la procedencia del pago de las prestaciones laborales devengadas y adeudadas al servidor público mencionado, por parte de la entidad pública H. Congreso del Estado de Jalisco, que fungía como Patrón de dicho servidor público”.
Es de esperarse que ante esta resolución jurídica y oficial, los diputados inconformes realizarán su “show” y nuevamente se “desgarrarán las vestiduras”, pretendiendo con ello engañar a la ciudadanía al asumir un papel real que están lejos de tener, pues como dice aquel chiste: “callar que también vos tienes tu historia…”.