De entre los nombres de sus colaboradores en el gabinete que el gobernador Emilio González Márquez mencionó que le habían comentado que buscarían un nuevo cargo de elección popular y que, por ende, le presentarían su renuncia para que designara a sus sustitutos, no aparece el del procurador estatal Tomás Coronado Olmos.
Claro, dijo que más adelante podrían presentarse otras renuncias de más colaboradores, pero difícilmente creemos que podría ser el de Coronado Olmos, por diversas razones, pero de las que sobresalen dos como las más importantes, y que son las siguientes:

  1. Los hechos sucedidos recientemente cuando aparecieron 26 cadáveres en la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona de los Arcos del Milenio, y la enorme tarea que tiene la Procuraduría de investigar los hechos, esclarecerlos y ordenar la detención de los autores, amén de la gran cantidad de ejecutados que han aparecido en los últimos días en la zona metropolitana y sus alrededores, donde el pasado fin de semana solamente fueron nueve los encontrados del viernes al domingo.
  2. El hecho de que en caso de dejar el cargo, el Congreso del Estado tendría que ratificar a su sucesor que designe el Gobernador del Estado, y como está el ambiente y escenario político en la entidad, el encono y las diferencias que existen entre el Legislativo y el Ejecutivo, no se augura que fácilmente vayan a ceder a ratificarlo. Inclusive, hasta podrían negarse a hacerlo, pues si bien es facultad del Ejecutivo remover o aceptar la renuncia del Procurador, el Congreso podría no ratificar al sucesor bajo el argumento de que las condiciones del estado no están para hacer cambio de titular de la Procuraduría o que no hay motivo para que deje el cargo.

Y es cierto. El procurador Tomás Coronado -lo comentamos ayer- no puede irse y dejar a medias un trabajo tan importante como es la investigación de los 26 cadáveres, máxime cuando el clima de inseguridad que han vivido otras entidades amenaza con propalarse en Jalisco.
Vamos, ni Jalisco ni el gobernador Emilio González Márquez están en condiciones de darse el lujo de cambiar de Procurador del Estado sólo porque aspira a ser candidato -sin que haya certeza de que lo logre-, a la presidencia municipal de Guadalajara o a una diputación.
Claro, siempre y cuando no haya el propósito de darle fuero como legislador.