Pues no, parece que la suerte del presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, aún no está echada como lo auguré en mi entrega de ayer.
Y es que a los pronunciamientos políticos -subrayo: políticos- del partido que lo postuló a la alcaldía de Tototlán, Movimiento Ciudadano, y del gobernador Enrique Alfaro Ramírez -en teoría su jefe político-, Quezada Mendoza, al parecer, les responderá con un amparo para que no sea removido del cargo.
Al menos se asegura que eso fue lo que analizaron anteayer alrededor de una mesa de un restaurante en Ocotlán, el propio Quezada Mendoza, munícipe de Tototlán; Vicente Arias Rodríguez, delegado regional de la Secretaría de Educación en la zona de la Ciénega; José Manuel Aceves Contreras, ex síndico durante la administración municipal del panista José David Macías, en Tototlán; y José Aurelio Ochoa Flores, Contralor Interno del Ayuntamiento de Tototlán, y quien “archivó” la queja de Diana en contra del titular de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, por hostigamiento sexual.
La apuesta del alcalde Quezada Mendoza y de su equipo sería que el despacho para el que labora Aceves Contreras tramite un amparo para que se mantenga en el cargo. La estrategia es “alargar” el tiempo y transcurran así, en este proceso, los poco más de siete meses que le restan como presidente municipal, no obstante los pronunciamientos en su contra por revictimizar a Diana, servidora pública del Ayuntamiento, e incurrir también, presuntamente, en el mismo delito por el que se acuso a Efraín Martínez.
Y es que Sergio Quezada sabe que un tuit del gobernador Alfaro o un comunicado del partido que lo llevó a la alcaldía, Movimiento Ciudadano, no lo obligan a dejar su cargo, y sin duda alguno ambos pronunciamientos serán para él como un “llamado a misa”.
Por otro lado, mientras Diana recurría a las instancias correspondientes -Fiscalía y Comisión de Derechos Humanos- con la esperanza de que su caso fuera resuelto y se pusiera fin al hostigamiento de la que era víctima por parte del alcalde y del titular de Padrón y Licencia, su caso fue “secuestrado” para emprender una guerra política-electoral en el municipio entre panistas y emecistas.
O no se entiende de otra manera el que en todo este entramado aparezcan en escena panistas y emecistas en una batalla de la que pretenden sacar la mejor ventaja política, haciendo a un lado el clamor de justicia que exige la servidora pública que fue violentada verbalmente por dos funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento tototlense. Y uno de ellos, nada menos que el presidente municipal.
Por eso, habría que preguntarse quién “filtró” al periódico Mural el audio donde se escucha la agresión verbal del alcalde a Diana, pues se asegura que la víctima no fue quien lo hizo.
Pero mientras en una pista se desata esa lucha política entre emecistas y panistas utilizando el caso de Diana en su beneficio, en la otra pista el alcalde Quezada Mendoza parece que ya encontró la salida para evitar ser separado de su cargo, y esa salida sería solicitando un amparo.
En este sentido, habrá que ver si hay voluntad de la Fiscalía del Estado para dar celeridad a la denuncia presentada por Diana en contra del alcalde, y si el Congreso del Estado tiene también la voluntad política para sacar adelante, lo más pronto posible, la denuncia de juicio político presentada en su contra.
De la Fiscalía como del Congreso, depende el futuro de Sergio Quezada, no de un tuit del Gobernador y mucho menos de uno o dos comunicados de Movimiento Ciudadano. No actuar con la celeridad del caso enviaría entonces el mensaje de que ambas instancias trabajan no para hacer justicia a una víctima sino para solapar y encubrir a los victimarios.
Y si no, al tiempo…
