Por Julio César Hernández

No fueron los diputados quienes se opusieron a las obras públicas que el Gobierno estatal pretendía realizar con lo recaudado por el reemplacamiento; no fue que Zapopan estuviera contento porque la parte del Periférico que le corresponde ya la tiene concluída; ni fue porque detrás de las manifestaciones ciudadanas no estaban partidos políticos, lo que motivó que se diera marcha atrás al cambio de placas en el 2008.

Fue porque, primero, no existía claridad en los proyectos a los que presuntamente se iban a destinar los recursos recaudados por este concepto; segundo, porque se hicieron las cuentas y se advirtió que tampoco era redituable pagar el costo político de una medida impopular que, si deveras hubiera tenido las bondades que tanto le achacaron, no se hubiera “abortado”.

Si bien los mil 200 pesos que los automovilistas pagaríamos de un solo golpe nos los cobrarán en abonos durante los próximos cinco años, la reacción ciudadana obligó a las autoridades a dar marcha atrás a su plan porque no tenían elementos para sostener su propuesta o no existían los proyectos en los que se quería invertir.

En su breve mensaje a los jaliscienses, el gobernador Emilio González Márquez expresó:

“Quiero destacar que advierto la genuina preocupación de la gente, percibo con claridad que no hay detrás de esta actitud una manipulación política, sino una genuina y auténtica manifestación de los ciudadanos.

Por lo tanto, he decidido no presentar la propuesta del reemplacamiento general para los vehículos…”.

Si a la ausencia de “una manipulación política”, el Mandatario se refiere a que ningún partido político estuvo detrás de las manifestaciones ciudadanas, tiene razón, no la hubo porque los partidos políticos se han quedado a la zaga de los reclamos ciudadanos, incluído Acción Nacional como partido en el gobierno y no del gobierno.

Pero la verdad las razones fueron otras, pues dejar de recibir 900 millones de pesos en un año –según el último cálculo de la Secretaría de Finanzas-, por la manifestación de unas dos mil personas el pasado domingo, y algunos cientos más, días después, en el lapso de una sola semana, más unas 10 mil calcas que se hayan repartido, nos parece desproporcionado.

Si la inconformidad ciudadana hubiera sido el parámetro en estos momentos, esperábamos que se llevaran a cabo todas las manifestaciones que se tenían programadas –las del próximo sábado y el siguiente viernes- para que el gobierno estatal midiera la irritación social y, entonces sí, definir si valía la pena pagar el costo político que tan valientemente los panistas dijeron estar dispuestos a pagar.

Esperábamos que el gobierno cumpliera su palabra de presentar a la ciudadanía los proyectos a los que se destinarían los recursos del reemplacamiento, para demostrar que tenía razón y que quienes nos oponíamos estábamos equivocados.

Pero no, claudicó muy pronto.