En la entrevista virtual que el miércoles pasado sostuvieron varios gobernadores con integrantes del gabinete federal -y de la que habló Enrique Alfaro Ramírez en un video desde una camioneta y con “chofer de lujo”- estuvo el director del Insabi, Juan Ferrer, y no Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Alfaro Ramírez nos informó que en esa entrevista, Ferrer les anunció que el gobierno federal había aprobado autorizar la importanción de pruebas rápidas, supuestamente certificadas por la FDA (siglas en inglés de la Agencia de Fármacos y Alimentos), y que ya se contaba con el aval de la Cofepris, y que testigos de esa información habían sido Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard, a quien señaló reconoció como el operador para lograr esa autorización.

Más tarde López-Gatell desmintió esa información y la historia ya se las conté ayer en mi entrega titulada Alfaro y las pruebas rápidas: con López-Gatell ha topado….

Ayer López-Gatell sí participó en una videoconferencia con los gobernadores de Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y que estuvieron como testigos… Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard. Y frente a ellos, sobre las polémicas pruebas rápidas el subsecretario les dijo a los mandatarios estatales:

“Las agencias sanitarias en el mundo como la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos y la institución equivalente de Australia, entre otras, tampoco las recomiendan. En México, la Cofepris tampoco ha autorizado el uso de tiras reactivas”. Les aclaró que estas pruebas no detectan el virus ni su material genético, sino a la respuesta inmune del paciente ante el virus.

Luego destacó que las pruebas más efectivas son las PCR (Reacción en cadena polimerizada) que utiliza la OMS y aplica el gobierno lópezobradorista en coordinación con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Por la mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, subrayó que las pruebas PCR son las únicas que pueden identificar el coronavirus, incluso en personas asintomáticas, mientras que las pruebas rápidas detectan una proteína que dice si ha generado reacción inmunológica, o sea una respuesta ante diferentes bacterias, como la salmonela.

El miércoles El Diario NTR Guadalajara publicó una nota firmada por Lauro Rodríguez, en la que revela que la FDA “aclaró el tema del permiso para la distribución de pruebas rápidas basadas en detección de antígenos y anticuerpos para identificar casos de Covid-19”, y refirió que en un comunicado, este organismos estadounidense aseguró “no ha hecho experimentación científica con ningún tipo de prueba rápida, y que autorizó su comercialización durante la emergencia en Estados Unidos con fines de buscar un tratamiento efectivo. Es decir, la FDA recomienda que se utilicen al final del tratamiento médico y no como modelo de detección de la enfermedad”, señala la nota del diario.

Ante toda la información anterior emitida por dos médicos especialistas en el tema, uno secretario y otro subsecretario de Salud, y el documento revelado de la FDA, ¿por qué el ingeniero Enrique Alfaro, político profesional, insiste en querer aplicar las famosas pruebas rápidas?