En medio de la preocupación por el incremento de contagios y muertes a causa del Covid-19, así como el interés por la existencia de vacunas para enfrentar esta pandemia, poca atención pública ha recibido un tema de la mayor trascendencia como es el de la salud mental.
Este punto fue abordado en el pleno de la Cámara de Diputados en el marco de reformas a la Ley General de Salud, cuya minuta fue enviada al Senado de la República, pero con una modificación de la bancada de Movimiento Ciudadano para acotar el tema de las adicciones a la prevención, cuyo objetivo es -apunta el comunicado- “que no sean consideradas (las adicciones) como un problema de salud mental y se pueda privilegiar el consentimiento de las y los pacientes, garantizando que conozcan de manera previa el tratamiento que recibirán”.
La bancada naranja, en voz de su coordinadora Fabiola Loya, se manifestó en contra del dictamen de la Comisión de Salud por considerar que se trata de una imposición que violenta los derechos humanos de las personas y contraviene tratados internacionales.
“Es claro el sesgo que existe en las definiciones de este dictamen. En él está plasmado un enfoque psiquiátrico y no un enfoque de derechos humanos. En lugar de poner por delante el derecho de las personas, ha dado un peso significativo a un enfoque psiquiátrico en el que las conductas constituyen un trastorno mental”.
Advirtió que “esta reforma ofrece más riesgos que certidumbres”, y subrayó que las organizaciones han hecho énfasis en que es urgente una atención integral que ponga por delante los derechos de las personas”.
La modificación propuesta por la fracción emecista, y aprobada, consiste en que personal de salud mental, tanto público como privado, está obligado a comunicar a la persona de manera accesible y oportuna, la información completa, objetivos, beneficios y posibles riesgos, así como alternativas de un determinado tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado, y que el paciente o usuario de los servicios de salud mental tenga el derecho a aceptar o rechazar su tratamiento, apunta el comunicado.
Cabe señalar, de acuerdo a las cifras referidas por la diputada Loya Hernández, el presupuesto destinado a atender estos problemas de salud aún es muy poco, pues mientras éstos han ido en aumento, en el presupuesto de este año sólo se destinaron mil 515 millones de pesos para su atención, lo que representa únicamente el .2 por ciento de lo que se destina a la salud.
Así está este panorama en medio de la pandemia, asunto que no debe de ser desestimado por nuestros legisladores y los propios gobiernos federal y estatal.
