Alfonso Javier Márquez

La falta de seriedad en la estrategia central del gobierno de Jalisco para combatir al crimen organizado revela lo que para el gobierno de Emilio González Márquez significa el tema de la seguridad.

En esta entidad, a diferencia de otras, parece que la inseguridad no es tema prioritario; lo que refuerza la teoría de que aquí todo está “bajo control” en el mas estricto sentido de la palabra; es decir que la actividad del hampa organizada esta negociada y regulada por acuerdos entre los capos -cuyas familias viven aquí- y las mas altas esferas del gobierno y por ello las acciones policiacas contra los grupos delictivos aquí no son tan necesarias ni importantes como en otros estados.

El instrumento anunciado por el gobierno de Jalisco con el mote de “Jalisco Fuerte” pero también como “Gran Alianza por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia”  En esencia no está mal. Pero está mal hecho, mal aplicado y sus resultados necesariamente serán en consecuencia, malos.

Para atacar un problema se debe tener claro de qué se trata, qué se quiere y cuales pueden ser las posibles soluciones. Y el gobierno adolece de todo lo anterior. En la reunión del martes en Palacio de Gobierno, todo indica que quienes convocaron, no tenían claro ninguno de estos aspectos.

Al principio, en la convocatoria se invitó a un evento de “la Firma de 100 compromisos por la seguridad” a la que muchos de los participantes -y por la insistencia de la oficina del gobernador en confirmar la asistencia-, creímos que acudíamos en calidad de una especie de testigos de honor.

Ya en el evento, en la lectura del documento inicial, el secretario general de gobierno, Fernando Guzmán, habló de 75 compromisos por la seguridad, la legalidad y la justicia de Jalisco; a estas alturas se habían perdido 25 compromisos, sin explicación alguna ni justificación. Momentos más tarde el gobernador Emilio González ofreció copias del documento que se firmaría, previamente hecho por ellos, en el que aparecían solo 49 compromisos.

No queda otra que pensar que se perdieron 51 de esos puntos del documento original y nos preguntamos: ¿qué incluían esos puntos extraviados?, ¿Quién los retiró del documento?, ¿por qué?, ¿qué intereses tocaban?.

Por si fuera poco, los convocados fueron invitados a aportar, opinar o proponer modificaciones al documento redactado por el gobierno del estado; de hecho fue la parte de la reunión que mas tardó, en la que opinaron los empresarios, los políticos y uno que otro presunto representante de la sociedad civil. No estuvieron, las iglesias, las universidades, los jefes de las policías municipales de Tonalá, Tlaquepaque El salto y Tlajomulco, ni siquiera estuvieron presentes todos los dirigentes de partidos políticos, es mas ni siquiera el del partido del gobernador, Acción Nacional. Es decir, no estuvieron todos los que tenían que estar. ¿fue inconsciente?, ¿esto es lo que significa la seguridad de los jaliscienses para quienes los gobiernan?, ¿o es que aquí no hay nada de qué preocuparse porque todo está “bajo control”?.