Cuando los reflectores están sobre el superdelegado en Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, por acumular y ocultar casas y departamentos -según reveló el Grupo Reforma-, y además por utilizar los programas sociales para promoverse en su propósito de ser el próximo candidato a la guberntura, según denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) por la Asociación de Agrónomos Democráticos de Guerrero, la Secretaría de la Función Pública da a conocer que sancionó a dos empresas farmacéuticas que aún ligan con el ex candidato a la gubernatura Carlos Lomelí Bolaños.

Como se sabe, la titular de la SFP es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros -también en el “ojo del huracán” por la infinidad de propiedades que tiene, junto con su esposo John Ackerman-, hermana del superdelegado Pablo Amilcar, y quien al parecer, sabedora de que el nombre de Lomelí Bolaños sigue atrayendo la atención de los medios de comunicación locales y de circulación nacional, consideró que era el momento adecuado para publicar en el Diario Oficial de la Federación la resolución en contra de las empresas Lomedic, SA de CV, y Abastecedora de Insumos para la Salud, SA de CV, (Abisalud).

A través del comunicado número 058/2020, con fecha de ayer 25, la SFP dio a conocer que Lomedic (expediente SAN/29/2020) fue multada con más de un millón de pesos e inhabilitada por dos años y seis meses, en tanto que Abisalud (expediente SAN/017/2020) recibió una multa por un millón 150 mil pesos e inhabilitada también por dos años seis meses, en ambos casos por falsear información: la primera al IMSS y al ISSSTE y la segunda al Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes.

Sin embargo, en estas sanciones ayer reveladas, hay hechos que llaman la atención y que se prestan a interpretar que la motivación no fue tanto hacer presuntamente justicia sino desviar la atención de la figura del superdelegado guerrerense Amilcar Sandoval, por un lado, y/o continuar con el “golpeteo político” en contra de la ex dirigente nacional Yeidkol Polevnski y todo lo que se relacione con ella, como es el caso de Lomelí Bolaños.

Los hechos son:

  1. La Secretaría de la Función Pública ignoró una suspensión provisional concedida por un Juez Federal a la empresa Abisalud, SA de CV, que impedía que continuara el proceso en su contra hasta en tanto no se resolviera el juicio.
  2. Existe ya una sanción con el mismo monto y el mismo tiempo de inhabilitación para Lomedic, SA de CV, por las mismas causas, con fecha del 13 de septiembre de 2019.

Si bien seguramente Abisalud atacará legalmente la sanción de la que fue motivo, pese a la suspensión a su favor, hay una pregunta por responder: La sanción para Lomedic, SA de CV, ¿es la misma que se dio a conocer el año pasado, junto con otra que se impuso a Labotarios Sofrán, SA de CV, según el expediente SAN/015/2019, o es otra diferente por la misma razón?

En aquella fecha septembrina, a través de la circular 023/2019, la Secretaría de la Función Pública, dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación que la empresa Lomedic, SA de CV había sido inhabilitada por dos años y medio y se le había multado con un monto de un millón 150 mil pesos, por haber falseado información.

Ayer informó de lo que parecería ser una sanción diferente, pues el expediente a que hace referencia es el SAN/029/2019 y no el SAN/015/2019 que refirió en septiembre pasado.

Si son dos sanciones distintas -con el mismo monto de multa y el mismo tiempo de inhabilitación-, ¿se puede sancionar dos veces a una empresa por la misma causa? En septiembre de 2019 fue por falsear información y ahora en julio de 2020 fue también por falsear información. La sanción en ambos casos es exactamente la misma.

Si son dos sanciones distintas, ¿significa, entonces, que Lomedic, SA de CV, fue inhabilitada por un total de cinco años y multada con dos millones 300 mil pesos?

Pero si es una sola sanción, ¿por qué existen dos expedientes diferentes? ¿Por qué publicar en el Diario Oficial de la Federación la misma sanción a la misma empresa en dos ocasiones, por el mismo motivo? ¿Acaso fue tan repentina la publicación en el DOF que ni cuenta se dieron que ya estaba publicada o que ya se había difundido dicha resolución?

No estaría mal que la Secretaría de la Función Pública aclare este caso para no ser mal pensados de que hay “mala leche”, aunque no hay duda de que los “golpes bajos” entre los morenistas están a la orden del día y que las “tribus” a su interior son más de dos, dignas herederas del perredismo en sus mejores tiempos.

Y qué mejor que utilizar los espacios que ocupan dentro del gobierno federal, del gabinete lópezobradorista, para ajustar cuentas, cobrarse facturas o, simplemente, tratar de desterrar a sus adversarios internos.

La verdad es que aquí hay mucha tela de dónde cortar. Y si no, al tiempo…