Por Hugo Luna

El Senado de la República ha realizado las reformas necesarias a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con el propósito de frenar la urbanización, los desarrollos turísticos y la tala inmoderada, con el ánimo de aplicar elevadas sanciones económicas.
Pero ello no garantiza  mejorar las condiciones de la silvicultura, porque al momento de castigar los delitos ambientales, se aparece el fantasma de la corrupción.
Solo queda esperar a que la iniciativa de reforma sea ley. En Jalisco, en el ámbito federal la Comisión Nacional Forestal (Conafor), desarrolla proyectos de aprovechamiento sustentable en 13 mil hectáreas de la entidad.
Particularmente son 73 esquemas productivos asentados en 24 demarcaciones municipales, a través del polémico programa Pro Árbol. Este ejercicio respalda el aprovechamiento de zonas forestales, manejo en aprovechamientos no maderables y de vida silvestre, acciones de manejo y protección en zonas resineras.
En la esfera estatal es donde “se cuecen habas” la entidad cuenta con un fideicomiso denominado Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco (Fiprodefo), su objetivo es realizar estudios, proyectos, programas y procesos que impulsen el desarrollo de los sectores forestal y agroforestal.
La administración de Emilio González realiza el desmantelamiento gradual del referido programa a través de la secretaría de Desarrollo Rural encabezada por Álvaro García Chávez tales acciones tienen que ver con la reducción presupuestal, este movimiento va en perjuicio de miles de parvifundistas y ejidatarios.
Con esta medida el titular de la Seder inhibe programas de largo plazo que el Fiprodefo tenía proyectados en una visión de largo plazo consistente con el medio ambiente. La superficie del estado de Jalisco es de 8 millones de hectáreas de las cuales cinco millones son forestales y refugio de la vida silvestre, he ahí la relevancia para la sustentabilidad de la entidad.
La fusión del Fiprodefo a la dirección forestal de la Seder desactiva la operación técnica y administrativa del Fiprodefo. Esta situación ha creado alarma entre los pequeños propietarios, porque el futuro de los bosques locales y las UMAS (Unidades de Manejo Para la Conservación de la Vida Silvestre) son proyectos de inversión continua y de largo plazo.
Silvicultores de la meseta de Tapalpa señalan al secretario de Desarrollo Rural como una persona que le “vale madre” la actividad forestal por que no entiende el objetivo del Fiprodefo  por tratarse de inversiones de sustentabilidad que no son prioritarias para sus objetivos mediáticos.
¿Cuál será el instrumento que lo va a sustituir?, porque si no hay nada vamos de mal en peor. Representaría un retroceso para esta actividad económica que se mantenía al margen de las decisiones de los gobiernos en turno.
Con medidas absurdas como esta, me queda clara la intención de que se muera el Fiprodefo, que agoniza en la cama de la ignorancia y la estupidez de un gobierno irresponsable con la actividad forestal.