Por Julio César Hernández
A raíz de la resolución de
Claro, advierten que es una broma.
Y sí, sólo como broma se entiende que eso pueda suceder, pues si el ex presidente del Instituto Electoral no tuvo empacho alguno en recibir –si es que fue cierto- los más de seis millones de pesos para renunciar al cargo, y luego cobrar su liquidación, difícilmente cometerá el craso error de devolver el dinero y regresar a ocupar su cargo.
Y es que, ¿en dónde carambas le pagan a uno ¡300 mil pesos mensuales por adelantado!?
Desmenuzados los seis millones de pesos que supuestamente –porque nadie ha visto ni presentado documento alguno que lo avale, pero si el río suena es porque agua lleva- se llevó Castellanos González, da esa cantidad:
¡Trescientos mil pesos mensuales por los 20 meses que le restaban para cubrir el período al frente del Instituto Electoral!
Haga sus cuentas: tres meses del 2008 –de octubre a diciembre-, doce meses del 2009 y cinco meses más del 2010. Igual a 20 meses que entre seis millones de pesos –por manejar una cifra cerrada-, dan un pago mensual de ¡300 mil pesos!… ¡y por adelantado!
¡Que dadivosos y espléndidos nuestros diputados!
Y hoy todavía hay algunos ingenuos que piden que Castellanos González y Álvarez López devuelvan el dinero y regresen a trabajar para que desquiten lo que hubiesen ganado hasta el 31 de mayo del 2010.
¿Pues en qué país creen que viven? ¿En qué estado creen que se regala el dinero público a diestra y siniestra si no es en Jalisco?
¡Hombre, hasta parecen nuevos!
Ah, lo que quizás sí es una ilegalidad o irregularidad –según el alcance de la decisión- fue lo que hicieron los diputados, que tomaron de las arcas legislativas casi 10 millones de pesos para indemnizar a los dos consejeros, pero falta que expliquen por qué ellos lo pagaron y por qué le entregaron a Castellanos más de lo que le correspondía de acuerdo al artículo tercero transitorio.
