El diputado Salvador Barajas del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia, se ha convertido en un “lastre” para el Congreso del Estado a cuyo pleno ha engañado y metido en graves problemas, al grado de llevarlo a desacatar una orden judicial en torno a las pasadas cuentas públicas que se aprobaron sin respetar los cargos que les aplicó la Auditoría Superior del Estado (ASEJ).
Tal como lo referimos aquí en Marcatextos el 25 de julio, el pleno legislativo aprobó 11 cuentas públicas municipales sin los casi 40 millones de pesos de cargos que aplicó, en total, la ASEJ, y cuyo proceso, al gual que otras cuentas que fueron rechazadas, es nulo de acuerdo a la resolución del Tribunal Administrativo del Estado (TAE).
Ante esta decisión del pleno y quedando evidenciada la irregularidad en que incurrió, toda vez que el diputado Barajas del Toro le presentó este cúmulo de cuentas públicas como si no estuvieran anuladas, el auditor Alonso Godoy Alonso reveló que notificará al Tribunal el desacato en que incurrió el Congreso del Estado para que se actúe en consecuencia.
“No es legal (la probación de cuentas), y lo que sucedió en esa sesión de hace 15 días viene a violentar por parte del Congreso, a propuesta de la Comisión de Vigilancia, el mandato de un Tribunal. Esto es, dicha decisión vulnera una sentencia que aquí y en cualquier parte del mundo se llama desacato, y estaré haciendo del conocimiento del Tribunal todos estos hechos”, aseguró Godoy Pelayo en amplia entrevista radiofónica en el programa Desayunando con Radio Noticias 1070.
Reiteró -como se informó aquí en Marcatextos- que las cuentas que aprobó el Congreso fueron motivo de la demanda que se ganó y que el Tribunal Administrativo dijo que todo eso era nulo y que, por tant6o, tenían que reencauzar todo el procedimiento que tiene que ver con las facultades de regresar cuentas públicas a la Auditoría y que por ley corresponde al pleno legislativo que, también a petición del diputado Barajas, había facultado indebida e ilegalmente a la Comisión de Vigilancia.
El auditor Alonso Godoy dijo que aunque se dicen muchas cosas, él desconoce el por qué la urgencia de la Comisión de Vigilancia bde que se aprueben dichas cuentas públicas en sentido contrario  a como las envió la Auditoría Superior.
El funcionario estatal refirió que como resultado de esta actuación ilegal del Congreso algunos de los beneficiados en aquella sesión -ex alcaldes y ex tesoreros municipales- han acudido a la Auditoría a solicitar el finiquito de sus cuentas públicas, que no puede entregárseles porque todo lo sucedido en aquella sesión legislativa no tiene validez legal alguna.
Además, explicó que para emitir el finiquito se requiere que el Ejecutivo estatal publique el decreto del Congreso, y preguntó: “¿Se atreverá a hacerlo, sabedor de que hay una nulidad. No creo que se quiera meter en conflictos porque estaría desacatando el mandato de una autoridad judicial”.