Independientemente del pleito político que traen por este tema la dirigencia estatal del PAN y el Gobierno de Emilio González Márquez, lo cierto es que la creación y el funcionamiento de las Coordinaciones Generales de Innovación y Desarrollo y la de Políticas Públicas, que ya ocupan Herbert Taylor y Alonso Ulloa respectivamente, sí requieren de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Dicha ley regula el funcionamiento y la legalidad de las acciones del Ejecutivo y establece el reparto de las responsabilidades administrativas de las áreas de ese poder.
Crear por decreto esas Coordinaciones genera vacíos jurídicos que podrían tener graves consecuencias.
En el mismo sentido, el Gobierno de Emilio González Márquez debe revisar con mucho cuidado la creación del Instituto de Política Familiar, pues esta entidad, encargada a la propia esposa del Gobernador, también debe tener un sustento legal para evitar ilegalidades, sobre todo cuando ya se están haciendo gastos a su nombre y cuando contará con recursos públicos para su funcionamiento.
