Julio César Hernández
¿Qué diablos sucede en el Congreso del Estado? ¿Por qué un día sí y el otro también acapara amplios espacios en los medios de comunicación con notas sobre presuntas irregularidades de la anterior Legislatura y algunas de la actual? ¿Por qué esa dosificación de la información, a goteo, para mantener al Poder Legislativo como una de las grandes vergüenzas de la administración pública?
No hay día en que no nos enteremos de alguna anomalía en el Poder Legislativo y ahora nos encontramos con una denuncia sobre diversas irregularidades “que van desde desvío de recursos, compras y adquisiciones a sobreprecio, así como una gran cantidad de aviadores en la nómina”, refiere la nota informativa del día de ayer.
Pero no sólo eso, sino que también se detectó borrado y robo de archivos, según denunciaron los coordinadores de las cuatro fracciones parlamentarias PRI, PAN, PRD y del Partido Verde Ecologista, Roberto Marrufo, José María Martínez, Raúl Vargas y Enrique Aubry de Castro, respectivamente.
Para el coordinador blanquiazul, Martínez Martínez, todo es cuestión de un “desorden administrativo”, aunque dijo no meter las manos al fuego por su compañero Alfredo Argüelles, quien fungiera como secretario general en la pasada Legislatura; mientras que su homólogo tricolor, Marrrufo Torres, aseguró que no solaparán ninguna irregularidad y que, inclusive, se emprenderían “algunas acciones penales en contra de quienes resulten responsables”.
La verdad que en toda esta información que se ha ventilado públicamente hay cosas descubiertas a estas alturas de la actual Legislatura que, para los conocedores, no quedan del todo claras, como es que a tres meses de haber llegado apenas se enteren de una nómina irregular cuando desde febrero pasado se elaboraron los cheques de acuerdo a la nómina recibida.
Pero, además, a la denuncia de que hubo un presunto robo de archivos electrónicos se preguntan qué pasó entonces con la entrega-recepción, que según la Junta de Coordinación Política no existió formalmente.
¿Por qué los coordinadores no explican por qué no existió esa entrega-recepción formalmente? ¿Por qué Roberto Marrufo no explica por qué su compañero de partido, el ex diputado Jorge Villanueva, a la sazón presidente de la Comisión de Administración en la pasada administración, no hizo esa entrega-recepción que lo obliga la ley? ¿Por qué el diputado Raúl Vargas no informa por qué, como presidente del Congreso, no exigió esa entrega-recepción formalmente como era su obligación? ¿Por qué transcurridos tres meses de esta Legislatura, se han vuelto omisos a exigir obligaciones de sus antecesores y no actúan en consecuencia?
El ex diputado Villanueva siempre se quejó de que su antecesor en la presidencia de la Comisión de Administración, Jorge Arana Arana, nunca le entregó toda la documentación, ¿por qué nunca se lo reclamó o exigió?
Inclusive, la propia Comisión de Administración debió de haber entregado toda la documentación a la Auditoría Superior del Estado para que auditara a la pasada Legislatura. ¿Por qué no lo hizo así?
Bien dicen: “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”.
