Por Hugo Luna
La impartición y procuración de justicia en Jalisco es económicamente ineficiente ya que no genera los resultados esperados. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Gobierno Estatal para 2007, La autoridad local dispuso recursos por 691 millones de pesos para la operación del Poder Judicial, 776 millones para
La estadística refleja que hasta la fecha, nuestra entidad tiene 14 mil 647 personas en prisión. Esta cifra, implicaría cambiar la historia que se dio durante el sexenio del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, en el que el número de presos en el estado casi se cuadruplicó. De esta manera, se incumplió, entre otras cosas, el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, que contemplaba el abatir la sobrepoblación carcelaria y sus consecuencias. El Ejecutivo estatal tampoco se hizo cargo de las prisiones municipales, como marca la ley.
Si bien los objetivos de encarcelar a las personas que cometen delitos son castigar, evitar que otros cometan delitos y prevenir una reincidencia, la realidad es que éstos no se materializan. Incluso, una creciente tendencia de la población encarcelada puede ser reflejo de mayor incidencia delictiva.
Bajo esta premisa, los recursos públicos destinados a la seguridad pública y las instancias que “hacen valer” la ley, se pueden calificar de ineficientes. Además que mantener a un importante número de reclusos genera altos costos económicos para el erario público, en especial, cuando no se ha comprobado su culpabilidad.
En este sentido, un número importante de los reclusos no se les ha comprobado su culpabilidad. Así, el Estado incurre en gastos de manutención de una población que podría eventualmente ser señalada como “inocente” y de paso abatir la sobrepoblación carcelaria que aqueja a los tres principales centros de reclusión con los que cuenta el estado que actualmente se encuentran a más del doble de su capacidad.
