Quizás como ningún otro caso, el del auditor superior, Alonso Godoy Pelayo, ha estado plagado de mentiras, manipulación, desinformación, ignorancia o “mala leche”, en el que han estado involucrados diputados, empresarios, organismos ciudadanos o no gubernamentales, periodistas y medios de comunicación.
La primera mentira publicada fue cuando se aseguró que la auditoría que aplicó una empresa particular, contratada por la actual Legislatura, arrojó que Godoy Pelayo recibió varios millones de pesos de manera ilegal e irregular y sin merecerlo, y que además era responsable de que la LVIII Legislatura le haya pagado a su suegro cinco millones de pesos.
En dicha auditoría jamás se menciona el nombre del Auditor Superior ni los pagos recibidos, sino que todo fue resultado de una “filtración” manipulada desde el propio Congreso del Estado, y a partir de ahí comenzó el rosario de mentiras que hoy continúa y al que por quién sabe qué intereses, y extrañamente, se han sumado personajes de diversos sectores de la sociedad.
Y este “rosario de mentiras” y manipulación de la información continúa ahora que un Tribunal resolvió que el Congreso reponga el procedimiento para la elección del Auditor Superior, toda vez que no se cumplió uno -pues se modificó-, de los puntos establecidos en aquella convocatoria y que tendrá que reponerse a partir del punto en discusión, que es la aplicación del examen de oposición.
Por ejemplo, la resolución del Tribunal ordena reponer el procedimiento de elección, no que se remueva al auditor Alonso Godoy Pelayo; por supuesto que la reposición obliga a dejar sin efecto la elección de quien hoy preside la Auditoría Superior. O bien, que el Tribunal fija un plazo de 24 horas, a partir de la notificación, para que el Auditor Superior sea removido, cuando en ninguna de sus 77 páginas el documento establece dicho plazo y mucho menos señala que los organismos ciudadanos no pueden participar en la elección del funcionario, pues es la Constitución del Estado la que define a quién corresponde esta facultad.
Pero en este caso también hay “burradas”, como las de los diputados Salvador Barajas del Toro, presidente del Congreso y de la Comisión de Vigilancia; del presidente del PAN, diputado Miguel Ángel Monraz; y el coordinador de la bancada panista Gustavo Macías Zambrano, quienes abrieron la boca y declararon cosas absurdas, sin conocer el contenido de la resolución, lo que es muestra de una clara irresponsabilidad como legisladores.
O como las que han manifestado otros actores de la sociedad que reclaman que es la oportunidad para que las organizaciones ciudadanas, empresarios y universidades sean quienes elijan al Auditor Superior del Estado, ignorando lo que en este caso establecen las leyes, concretamente la Constitución del Estado.
Barajas del Toro aseguró que esta resolución no admite impugnación, cuando se sabe que por ley el propio Auditor Superior tiene la facultad de ampararse como tercer afectado, pues como dicen los abogados: toda persona tiene derecho de ser oída y vencida, y en este caso el Auditor nunca fue requerido.
Miguel Ángel Monraz dijo que un Tribunal hizo lo que los diputados no se atrevieron hacer, cuando sabe que no había elementos para destituir a Godoy Pelayo ni podía hacerse de la forma en que lo pretendían los panistas. O si no lo sabe, es preocupante entonces su ignorancia.
Macías Zambrano se atrevió a decir, sin ninguna vergüenza ni rubor y sin voltear a ver, ya no digo a todos los diputados sino a sus propios compañeros de partido, de hoy y ayer, que parte del desgaste del Poder Legislativo… ¡era culpa del Auditor Superior! Y para rematar, declaró que estaban a la espera de la resolución para “pugnar por acatarla y lanzar la convocatoria” (¡!).
Sin embargo, hay que reconocer que este “Caso del Auditor” nos ha permitido conocer la incapacidad, ignorancia, mezquindad y verdadera estatura de sus detractores.