Por Julio César Hernández
 
Los diputados, como dice el refrán popular, “no dan paso sin huarache” y se resisten a darle total autonomía a la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, la Ley de Fiscalización que aprobaron ayer martes es, sin duda, un gran avance que vale la pena reconocer y valorar, aunque no hay que quitar el dedo del renglón para lograr lo primero.
 
El que la gestión del nuevo auditor superior sea por siete años, contrarresta la tentación de los gobernantes a colocar a un funcionario “a modo”, amén de que para aprobar al titular de la Auditoría se requiere votación calificada.
 
El que las fracciones parlamentarias ya no designarán a los directores de la Auditoría, evitará lo que hoy sucede, que nuestros diputados se convirtieron en agentes de colocación y ubicaron a sus amigos y familiares en las direcciones de esta dependencia, aun y cuando no tenían experiencia, capacidad ni los conocimientos necesarios para estar al frente de ellas.
 
Hoy no pocas de esas direcciones en la Auditoría son un verdadero “homenaje” al chambismo, pues los legisladores ya no tuvieron espacios dentro de la estructura del Congreso dónde cumplir con sus amistades los compromisos contraídos en campaña.
 
Ahora será el auditor superior quien designe a los nuevos directores, pero no por capricho, gusto o amistad, sino que previo un examen de oposición para elegir a los mejores.
 
El que se le dote a la ASEJ de autonomía presupuestal, evita que se convierta en “rehén” de las fracciones parlamentarias.
 
Y algo no menos importante que todo lo anterior: el que con esta nueva Ley de Fiscalización, la Comisión de Inspección -que desaparece o pasa a convertirse en Comisión de Vigilancia- deja de ser “lavadora” de cuentas públicas y ejecutora de favores políticos, chantajes o negociaciones entre partidos políticos, pues nada tendrá que ver ahora con la revisión de esas cuentas públicas.
 
Bien lo dijo el diputado priísta Juan Carlos Castellanos: a partir del año próximo, los alcaldes y tesoreros municipales deben cuidar que el dinero se emplee en bien de los ciudadanos, porque “ya no habrá padrinos que los saquen del problema”.
 
Vaya, pues, que, aun con algunos “prietitos en el arroz”, los diputados sí saben cocinar buenas leyes.