Los diputados se preparan para repartirse un nuevo botín: Nueve magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y una consejería de la Judicatura.

Bajo las reglas del juego de la “pirinola” -todos ganan-, ya no es un secreto a voces que los legisladores serán fieles ejecutores del procedimiento que en estos casos aplicaron sus antecesores en las más recientes Legislaturas y que terminaron por “prostituir” a un Poder Judicial que ha padecido a dos de sus últimos peores presidentes: Juan Carlos Vega Pámanes y Ricardo Suro Esteves.

Y es por eso que ya trascendió que una vez más la elección de los nuevos magistrados y del consejero de la Judicatura se efectuará bajo el estricto acuerdo de las cuotas partidistas. A reserva de que los número se modifiquen de última hora, el acuerdo en los sótanos del poder fue el siguiente: Movimiento Ciudadano tendrá cuatro magistrados; Acción Nacional se quedará con dos -otras voces señalan que serán tres-; el PRD logrará tener uno; el PRI se conformará con otro más -hay quien apunta que no tendrá ninguno-; y Morena alcanzaría otro más -aunque también podría quedarse con las manos vacías-.

El lugar en el Consejo de la Judicatura sería cedido al Grupo Universidad.

Pero el mapa anterior será lo que se registrará en el Supremo Tribunal de Justicia por obra y gracia de los diputados bajo el régimen alfarista, con lo que seguirán “sacándole jugo” a la tramposa reforma judicial que aprobaron con la complicidad de un sector de los magistrados. encabezados por su presidente Suro Esteves.

¿Y saben a qué se atienen los legisladores para elegir a quienes ellos quieran y repartirse las magistraturas como ellos quieran, sin temor alguno a que se les recrimine o, incluso, a que se recurra a algún recurso en contra? A la existencia de una jurisprudencia que establece que es una decisión soberana del Legislativo elegir o designar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

Esa es la triste realidad de un Poder Judicial que terminó por someterse a los poderes Ejecutivo y Legislativo a partir de que aceptaron su integración como cuota partidista en lugar de la carrera judicial. Y este es el abuso de un Congreso del Estado que avalado e impulsado desde el Ejecutivo se reparte las magistraturas, las consejerías y los juzgados como mejor le plazca.

Por cierto, para no pocos aún ronda aquella denuncia pública hecha por el expresidente estatal del PAN, Herbert Taylor Arthur, en el sentido de que cada magistratura tiene un precio, aunque por supuesto no hay pruebas de por medio y mucho menos quién haga la denuncia -o confesión- de que ser o haber sido magistrado tuvo un costo.

Pero bien dicen que “cuando el río suena, es porque agua lleva…”.