Al menos en Jalisco tenemos dos ejemplos de soldados que creen que sus acciones sólo son avaladas por la esfera militar en la que se mueven, cuando su impacto es totalmente civil y por lo tanto sujeto a la crítica

Jaime Ramírez Yáñez

Hasta hace algunos años, en México había tres temas considerados tabúes: la Virgen de Guadalupe, el presidente de la república y el Ejército. Por increíble que parezca, aún hay sacerdotes, políticos y militares que siguen creyendo que estos asuntos están fuera del debate público. La realidad es otra.

Al menos en Jalisco tenemos dos ejemplos de soldados que creen que sus acciones sólo son avaladas por la esfera militar en la que se mueven, cuando su impacto es totalmente civil y por lo tanto sujeto a la crítica. Ellos son el general de brigada —con dos estrellas y un águila— Uribe Toledo Sibaja, quien labora como comandante de la XV Zona Militar. El otro es el mayor —con una sola estrella— de materiales de guerra (¿cual?) José Cipriano Trujillo Mendoza.

Ambos ahora se han dado a la tarea de solventar su propias diferencias —personalísimas— con el sector pirotécnico, auxiliados por los instrumentos que les da la institución en la que trabajan: el Ejército.

La historia de cómo nació esta persecución contra dos de los dirigentes de este gremio es sencilla. Sucede que en septiembre, el mayor Trinidad López Rivas, en su calidad de presidente del Instituto Jalisciense de la Pirotecnia, convocó a los miembros a una reunión.

Todo iba bien, inclusive ya se había acordado con López Rivas que iban a visitar a los presidentes municipales de la zona metropolitana para proponerles algunos cambios en los reglamentos municipales para que los juegos pirotécnicos pudieran venderse hasta en carro vitrina.

Mientras tanto, el mayor Trujillo Mendoza estaba como convidado de piedra, totalmente invisible. Pero no resistió la tentación de hacerse notar y, en uso de la palabra —por cierto con muchas dificultades para establecer una correcta comunicación entre lo que pensaba y lo que iba a decir—, soltó lo que así de golpe parecía una amenaza.

Afirmó que los militares sabían que había muchos fuera de la ley —y volteó a ver a los de la mesa— y que si nos los denunciaban —otra vez barrió la mesa con la mirada—, el general (o sea Toledo Sibaja) los iba a castigar (** gulp).

Los asistentes lo vieron con la cara de “perdón, ¿qué pasó?” y el mayor se revolvió en su silla orgulloso de haber llevado el recado de su superior.

Una semana después, Fernando Mantecón González y Miguel Zamora, ambos miembros del sector pirotécnico, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Militar por esta amenaza. Hablaron con el comandante de la XV Zona Militar, quien se deslindó de lo dicho por su subalterno. Mantecón González y Zamora decidieron desistirse de la denuncia en un acto de buena fe.

Y la buena fe de los militares no se hizo esperar. El 26 de septiembre, en medio de un impresionante operativo —nomás 30 soldados y tres oficiales, al mando de (quién más) Trujillo Mendoza— fue detenido Miguel Zamora durante un evento oficial (leyó bien) en Tapalpa. Quienes vieron la operación pensaron que los militares iban sobre Joaquín el Chapo Guzmán Loera.

La vendetta siguió el 2 de octubre, cuando diez militares al mando de (¿quién cree?) Trujillo Mendoza, a bordo de un Humer —la unidad 0814143— arribaron a media tarde a la planta procesadora de Mantecón González y, después de una supuesta inspección, en la que no encontraron nada irregular, le comunicaron al empresario la suspensión de sus actividades a través de un oficio firmado por (¿quién cree?) el general de brigada Toledo Sibaja.

El último dato es que los pirotécnicos, en uso de su derecho, presentarán una denuncia ante las autoridades federales civiles por amenazas y abuso de autoridad, esto acompañado con la solicitud de amparo para poder regresar a su actividad económica.

La lectura de este asunto no deja de preocupar y de situarnos hace dos siglos, cuando en la Santa Inquisición operaban una y mil cosas para eliminar a quien hablaba de un miembro de su grey.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. En Jalisco estamos ante un escenario, con el tema de los pirotécnicos, que no tarda en llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e, incluso, a la Interamericana. Con esto, Toledo Sibaja y Trujillo Mendoza tendrán que asimilar que las cosas ya no son como antes y que intocables, sólo los del grupo norteño o los muchachos de Elliot Ness. Nada más.