Por Hugo Luna
Sobre los apoyos económicos de los gobiernos a la Iglesia católica no hay nada nuevo en el hecho, los gobiernos en turno se han visto inmersos en situaciones críticas. En los últimos tiempos ha reinado la discrecionalidad en los diversos donativos destinados a la Iglesia católica y lo legal se ha “ajustado” para facilitar transferencias de recursos financieros. Existen testimonios que la misma historia nos permite evocar cómo se construyó la actual Basílica de Guadalupe, el mismo ex Abad Guillermo Schulenburg ha reconocido en conversaciones con amigos suyos el apoyo determinante del gobierno de José López Portillo.
También recordemos las transferencias de recursos en la época de Salinas de Gortari, a través del Programa Nacional de Solidaridad, para mantener y reconstruir atrios y templos en diferentes entidades del país. La autorización para la conversión de deuda externa, los millonarios swaps, para una fundación católica manejada por el jesuita José González Torres (tío de Jorge Emilio González Martínez, ex senador y ex presidente del Partido Verde Ecologista de México).
Nuestra memoria hace un registro puntual entre los regentes Óscar Espinosa Villarreal y Manuel Camacho Solís entregaron el Nacional Monte de Piedad a una organización de laicos comprometidos y cercanos a la Iglesia para desarrollar y financiar obras altruistas con lo que se fortaleció la red y las instituciones de asistencia privadas. No debe sorprendernos, existe una práctica concurrente en cada diócesis de apoyos, exoneraciones y estímulos de la mayor parte de los gobiernos locales en particular a la Iglesia católica. Son tan sólo unos ejemplos de dominio público.
Lo novedoso en el caso del donativo al santuario cristero es la repercusión y oposición de numerosas organizaciones de la sociedad civil, de intelectuales, círculos académicos y medios de comunicación. Las demandas interpuestas ante la Comisión estatal de los Derechos Humanos (aproximadamente seis mil), manifestaciones callejeras e irritación social en un estado donde ha imperado tradicionalmente la religión católica. La defensa del Estado laico se está dando en una región abrumadoramente católica; sin duda los excesos del cardenal Juan Sandoval Iñiguez han contribuido por divorciar a un número importante de feligreses.
Efectivamente el laicismo surge históricamente como reacción a un orden colonial, donde la Iglesia era parte central del Estado; en sus primeras etapas, dicho laicismo se nutrió del pensamiento liberal que pugnaba por la separación entre la Iglesia y el Estado. Juárez confecciona dicho proceso que provocará enconos, antagonismos y revanchas.
El laicismo, el anticlericalismo y el anticatolicismo son esferas diferentes que han interactuado. El punto de equilibrio vino de la simulación, la hipocresía política, la discrecionalidad de los regímenes posrevolucionarios que dieron estabilidad y construyeron un sistema de contrapesos en que los actores, aun los religiosos, participan e inciden por sus intereses. Ese laicismo se convierte en muchos casos en jacobinismo o una forma de anticlericalismo extremo.
Ese laicismo que invoca la actual defensa católica ya no existe de manera imperante. En cambio, se está formando una nueva laicidad que proviene de los grupos y asociaciones que defienden los derechos de sectores excluidos y de minorías como grupos de mujeres, homosexuales, nuevas formas de parejas, etnias, etcétera, que perciben en la defensa del Estado laico la libertad no sólo religiosa sino también la libertad de conciencia y la diversidad, dichos sectores han sido despreciados con desaire por el propio cardenal Sandoval.