Por Julio César Hernández 

 

El Ayuntamiento de Tlaquepaque tiene actualmente en la radio una campaña cuyo eslogan llama a la ciudadanía a que “no te hagas pato”.

 

Y ayer por allá anduvo el dirigente estatal del PRI, Javier Guízar Macías, con los coordinadores de los regidores de la zona metropolitana.

 

En el marco de ese llamado a no “hacerse pato”, Guízar Macías anunció que los diputados federales de su partido presentarán ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del gobernador Emilio González Márquez, porque ha quebrantado el estado laico.

 

Curiosamente, hace exactamente un mes que el gobernador entregó 30 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires y prometió otorgar otros 60 millones más, y apenas el PRI anunció acciones de protesta.

 

Con mucho, la ciudadanía ya rebasó al PRI en este sentido.

 

O sea que durante 30 días los priístas se estuvieron “haciendo patos”.

 

Quién sabe por qué razones, Guízar Macías anuncia hasta ahora que se interpondrá una solicitud de juicio político contra González Márquez bajo el argumento de que “quebrantó el estado laico”.

 

Sin embargo, nada menos que el senador Manlio Fabio Beltrones negó que el Mandatario jalisciense haya incurrido en este ilícito.

El sábado pasado, le preguntamos a Beltrones:

 

“¿Viola el estado laico el que un gobierno del estado otorgue recursos públicos para la construcción de un templo…?”

 

El Senador respondió:

 

“No lo creo…”.

 

Esto es, que no procederá el juicio político en contra del Gobernador, simplemente porque no violó ningún precepto constitucional, según lo declaró el Senador priísta.

 

Ahora, respecto a que los diputados federales presentarán un juicio político contra González Márquez en la Cámara baja, eso está muy lejos de suceder.

 

Primero, porque estamos a seis días de que concluya el actual período ordinario en la Cámara de Diputados; segundo, porque los legisladores están preocupados por asuntos de mayor trascendencia en el país, como es la reforma energética y la elección de nuevos consejeros políticos, entre otras cosas más; y, tercero, porque de hacerlo, seguramente no alcanzará a entrar en el actual período de sesiones sino hasta el próximo, que  inicia en septiembre, y quizás el asunto  sea abordado hasta el año próximo… si bien les va.

 

La realidad es que este asunto que ha generado tanta polémica -pero al que los priístas le han temido abordar porque quizás saben que no hay delito qué perseguir y porque en él está involucrado el clero católico, encabezado por el cardenal Juan Sandoval-, debe ser atendido por los diputados locales del PRI.

 

Así lo dijo el propio senador Manlio Fabio y el coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón.

 

O sea que los priístas de Jalisco temen atender aquí un asunto que es de su competencia y lo quieren trasladar a la capital del país a sabiendas de que sería estarse haciendo como el “Tío Lolo”.

 

Entiéndase que el PRI “quiere verle la cara” a los jaliscienses.

 

Cuando se le preguntó del caso a Beltrones Rivera, claramente respondió:

 

“Espero que el Congreso haga valer su fuerza y entonces exija que esto esté dentro del presupuesto…”.

 

A su vez, Emilio Gamboa Patrón, cuando se le planteó la posibilidad de un juicio político contra González Márquez, dijo:

 

“Tiene primero que transitar en su Congreso local, pero aquí hay indignación…”.

 

Así, tanto para Manlio Fabio como para Emilio Gamboa, este asunto tiene que abordarse primero en el Congreso del Estado, pero aquí los diputados priístas están… ¡apanicados!

 

Y en medio de este escenario, Javier Guízar anuncia un juicio político que, como él lo sabe, está muy, pero muy lejos de proceder.

 

Y obvio que saben también que es “políticamente incorrecto”, reconocer que González Márquez no ha incurrido en ilegalidad alguna.