La destitución de Elisa Ayón Hernández como regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara y su inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos no han sido vendidos como acciones inéditas para sancionar la mala conducta de, en este caso, una funcionaria pública.
Hay quienes en los partidos políticos -y algunos fuera de ellos-  aplauden la decisión del pleno del Congreso del Estado casi como una acción heróica de nuestros diputados.
Sin embargo, esta sanción finalmente nos deja un sabor de boca “agridulce”.
“Dulce” porque por fin se castiga ejemplarmente la conducta de una funcionaria pública que no se apegó a lo que marca la ley, como es el caso de Ayón Hernández a quien no le “cuadraron” las cuentas en la adquisición de inmuebles, ventas de joyas, préstamo y manutención de su padre.
Vamos, fueron más sus egresos que sus ingresos y fue eso lo que no pudo explicar. Y por eso se le castigó políticamente: destituida como regidora e inhabilitada por una década.
En este marco hay quienes piden, prácticamente, que se le “queme en leña verde”. Bueno, se conforman con que sea refundida en la cárcel. Y eso piden para la ex dirigente del sector popular del PRI.
Pero ese gusto sólo se los podrá dar la Fiscalía General si se reúnen las pruebas contundentes de que Elisa Ayón incurrió en actos de corrupción, en conductas que ameritan ese máximo castigo de ser privada de su libertad. Hay quienes aseguran que sí existen dichas pruebas, que sólo es cosa de “rascarle” un poco y esas pruebas saldrán de inmediato.
¿Deveras la Fiscalía General estará dispuesta a investigar a fondo la conducta de Elisa Ayón y confirmar si el castigo no amerita ir más allá del político o si ésta sanción se quedó “corta” ante lo descubierto?
Pero más allá de saber la disposición de la Fiscalía para investigar valdría preguntarse: ¿Existe la voluntad política para ir a fondo en contra de una destacada militante del partido gobernante, el Revolucionario Institucional, en un gobierno priista que acaba de recobrar el poder en el estado, luego de 18 años de estar fuera de él?
Porque la disposición la podrá tener la Fiscalía, pero la voluntad política no depende de ella.
Vamos, si analizamos bien la decisión del Congreso del Estado en contra de Elisa Ayón, podemos advertir que salió muy “forzada”, porque se fueron por el camino fácil de la declaración patrimonial pero no ahondaron en los presuntos actos de corrupción por los que quizás merecía la destitución, pero por los que tal vez la inhabilitación hubiese sido por más años… y hasta entregarle a la Fiscalía los elementos suficientes de carácter penal para actuar en su contra.
Pero el Poder Legislativo se siente satisfecho con lo realizado… y seguramente el Ejecutivo también.
Por eso pregunto: ¿Es el castigo político aplicado a Elisa Ayón “flor de un día” -o sea que hasta ahí quedará- o independientemente de si da o no un paso en falso se actuará penalmente en su contra?
Me quedo con lo primero…
Al tiempo…