Pesaron más 22 heridos y posteriormente la muerte de uno de ellos, que la suma de 13 fallecimientos más ocurridas con antelación en accidentes en los que intervinieron unidades del transporte público, en lo que va de este año, para que las autoridades tomaran cartas en el asunto.
La diferencia entre los 13 primeros muertos y los 21 heridos y una fallecida es que éstos últimos son estudiantes universitarios, lo que además generó la indignación popular a través de las redes sociales y permitió a la oposición sacar tajada política de una desgracia.
Los ancianos, los menores, los jóvenes, los adultos, los ciclistas o peatones que fallecieron debajo de las llantas de una unidad del transporte público no fueron motivo de la indignación generalizada que sí provocó, primero, el número de heridos registrado a las afueras de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara, y la muerte de una jovencita después en un hospital privado.
Si, los primeros 13 muertos lo fueron en lo individual, uno por uno, no colectivos. Uno a uno en diversos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara, y no pasaron más allá de ganarse un espacio en los medios de comunicación y en las estadísticas de algunas organizaciones que han puesto su atención en el servicio del transporte colectivo.
Pero el hecho de que una sola unidad embistiera a un grupo de jóvenes estudiantes que quitados de la pena esperaban, paradójicamente, la unidad del transporte urbano que los llevara a su destino, desató la furia colectiva de la ciudadanía en las redes sociales, principalmente, que inmediatamente cuestionó el que se haya autorizado en diciembre pasado el incremento de un peso al pasaje.
Los políticos de oposición, exigieron la renuncia del Secretario de Movilidad…
La presión social obligó a las autoridades estatales a actuar como no lo habían hecho con ninguna de las 13 primeras muertes, más allá de la dependencia obligada como fue la Fiscalía General y la Secretaría de Movilidad que actuó en consecuencia, ya sea con la cancelación de concesiones, retiro de permisos y alguna otra acción.
Pero ninguna de esas 13 muertes obligó a los titulares de Movilidad, de la Secretaría General de Gobierno y del propio Ejecutivo estatal, a dar la cara para calmar la indignación ciudadana.
Sí lo obligó un incidente donde se registraron 21 heridos y una muerte…
Ayer, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz dio la cara para anunciar que con fundamento en la facultad que le otorga la Ley de Movilidad, suspendía temporalmente el incremento de un peso al pasaje autorizado en diciembre pasado por la Comisión de Tarifas, en tanto los prestadores del servicio del transporte público no cumplieran con las obligaciones que les marca esa misma ley.
Dicho aumento volverá a ser vigente conforme se vaya cumpliendo con dichos requisitos…
Esta medida provocó los más diversos comentarios y reacciones, alguna tan absurdas como que la criticaran quienes un día antes la habían exigido.
Es cierto, la suspensión de este incremento no provoca pérdidas a los transportistas, quizás simplemente dejen de ganar más, particularmente aquellos para quienes la prestación de este servicio sí es un negocio; para quienes no lo es, no sé por qué se mantienen en él.
Muchas y muy diversas son las manifestaciones y opiniones de propios y extraños sobre las medidas que el Gobierno del Estado decide y decida tomar, pero lo que la autoridad estatal no puede dejar a la voluntad de los transportistas es el plazo para cumplir con los requisitos que marca la ley para que presten un servicio de calidad.
Ya se suspendió tempralmente el aumento de un peso al pasaje, lo que falta ahora es que les marquen un plazo fatal para que ofrezcan a los usuarios el servicio de transporte que se merecen como personas, no por lo que establece una tarifa.
Si el Ejecutivo no se “faja los pantalones” y da ese plazo fatal, con las consecuencias de cancelar las concesiones a quienes no lo cumplan, los transportistas seguirán burlándose de la autoridad y, lo peor, de los usuarios…
Al tiempo…