En nuestra entrega del ocho de diciembre pasado, titulada “Alfaro a Villanueva: ¿Presupuesto constitucional a cambio de no ser candidato?“, escribimos el siguiente párrafo:

“¿Ricardo Villanueva fue condicionado a recibir este presupuesto a cambio de que se olvide de algún compromiso que haya asumido con Claudia Sheinbaum para ser candidato morenista? ¿Esta promesa alfarista obligará al Rector General a desistir de su deseo de ser candidato a la alcaldía tapatía? ¿Le dirá a la eventual presidenta de México que no acepta su invitación a ser candidato, porque el gobernador Alfaro lo “premió” o lo “encandiló” con la promesa de darle más dinero a la Universidad? ¿Habrá alguna amenaza de por medio?”.

Cuatro días después -el 12 de diciembre-, tocamos nuevamente el tema bajo el título: “El dulce ‘envenenado'”, y escribimos:

“No son pocos los que se hacen las siguientes preguntas: 1. ¿Por qué hasta ahora el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó una iniciativa de reforma para otorgarle a la Universidad de Guadalajara un presupuesto constitucional? 2. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba con vida el ex rector Raúl Padilla López? 3. ¿Por qué lo hace en pleno proceso electoral? 4. ¿Por qué la presenta cuando existe la posibilidad -¿amenaza?- de que el rector general Ricardo Villanueva Lomelí pueda ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara? 5. ¿Por qué la iniciativa no fue presentada a tiempo para que entrara en vigor en el presupuesto correspondiente a 2024? 6. ¿Por qué “hereda” al siguiente gobierno una obligación constitucional que él no tuvo el valor de asumir durante su sexenio? 7. ¿Cuánto tiempo se llevará para que sea aprobada por el Congreso? 8. ¿Acaso el suficiente para mantener como “rehén” al rector Villanueva Lomelí? 9. ¿Qué garantía hay de que esta iniciativa será aprobada, independientemente de la decisión que tome el Rector General sobre su futuro político?…”.

Ahora, mientras la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el viernes pasado por la mañana el dictamen correspondiente, antes de la medianoche la bancada mayoritaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso decidió retirarla de la agenda del día para su discusión y posible aprobación en el pleno del Legislativo. O sea, no se respetó ni cumplió el acuerdo asumido, lo que despertó una serie de versiones sobre la razón, y lo que se comentó en los corrillos políticos es que al interior de Movimiento Ciudadano hubo desacuerdos entre si debería ser aprobado o no este fin de semana, pues no se conocieron razones del resto de las fracciones parlamentarias para oponerse.

Por un lado, se afirma que habría sido el propio gobernador Alfaro Ramírez quien habría ordenado a sus legisladores sacar el tema de la discusión y dejarla para después, por el temor de que Villanueva Lomelí pueda ser postulado candidato a la alcaldía de Guadalajara; por el otro, en los corrillos legislativos se conoció la versión la misma noche-madrugada del viernes que la orden habría salido de la casa de campaña del candidato a la gubernatura, Jesús Pablo Lemus, sólo con el afán de molestar y generar expectación, toda vez que el Grupo Universidad se la “jugará” con la coalición Sigamos Haciendo Historia no sólo por la presidencia de la República sino también por la gubernatura y que, por lo tanto, él no tiene ningún compromiso porque el dictamen sea aprobado lo más pronto posible.

¿De veras el presupuesto constitucional para la UdeG enfrentó al gobernador con el candidato de su partido a sucederlo o es mera imaginación de quienes así lo interpretaron?

Lo que es cierto es que el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, entendió y sabe que el “freno” que el Congreso del Estado le metió a la aprobación del presupuesto constitucional a la UdeG es por razones “políiticas-electorales”, como lo refirió ayer: “En la comunidad universitaria tenemos todas nuestras esperanzas puestas en que sí se apruebe… ¡Ojalá pronto! También sabemos que ya inició el proceso electoral y cuando la lucha por el poder está en curso, todo se vuelve más complicado”.

¿Acaso los diputados de Morena, del PAN, del PRI, del Verde, de Hagamos o de Futuro se opusieron a que se presentara el dictamen ante el pleno el viernes pasado y por eso se pospuso? ¿O fueron las dos facciones dentro de Movimiento Ciudadano las que lo evitaron por sus intereses particulares?

La respuesta parece sencilla, ¿no?