Desde que cesó la “certificación” por parte de Estados Unidos hacia nuestro país del combate al narcotráfico, el vecino Norte ensayó varias estrategias para mantener el control del tema sobre México. Parece ser que ya encontraron la llave y se llama Iniciativa Mérida, otros le dicen Plan México.
Desde antes del arribo a la administración pública federal de Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno de George W. Bush planteaba la necesidad de que entre ambos países hubiera una mejor y mayor coordinación en el combate al tráfico de las drogas.
Incluso, unos meses antes del final del gobierno foxista, la DEA alertó a sus pares mexicanos sobre el crecimiento de los índices de violencia y el reforzamiento de los Zetas.
En México se tomó este informe con bastante calma, a pesar de que los hechos confirmaban lo sostenido por los estadounidenses y, efectivamente, las respuestas armadas entre los cárteles fueron en aumento hasta tomar dimensiones muy serias ya en el gobierno calderonista.
Esto dio pie a que Estados Unidos regresara al tema de la “comunicación” entre los interesados en ajustarle cuentas al narcotráfico. En estos llamados, el gobierno de Bush incluyó a los colombianos para, de esta forma, cerrar la pinza entre las tres naciones.
Así se llegó a la Iniciativa Mérida. El 22 de octubre pasado, el presidente de Estados Unidos, George Bush, y Felipe Calderón Hinojosa, conversaron por la mañana para ultimar los detalles del planteamiento. En materia de ayuda económica de Estados Unidos a México, el monto será de 1.4 mil millones de dólares, para desarrollar una estrategia conjunta de lucha contra el crimen. Sin embargo, estos recursos tendrán que ser aprobados todavía por el Congreso de Estados Unidos.
Para algunos, sobre todo la clase política de la izquierda, esta Iniciativa Mérida no es otra cosa que la autorización oficial de nuestro país para que los estadunidenses puedan intervenir directamente —no sólo con voz, sino con voto— en la política criminal nacional de México.
Incluso, el embajador estadounidense en Colombia, William Wood, reveló que la semana pasada se celebró una reunión de alto nivel en Bogotá entre importante mandos de los tres países.
No dijo nombres pero todo hace suponer que por México estuvieron el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; el procurador general de la república, Eduardo Medina Mora, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En representación de los colombianos acudirían a la cita el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, y el recién nombrado director general de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo. Y por los estadounidenses, Robert Gates, secretario de Defensa, y Karen P. Tandy, administradora de la DEA, quien por cierto anunció su retiró después de 30 años de servicio en el gobierno.
Por el hermetismo con que Wood manejó el asunto de la reunión en Bogotá, todo hace suponer que llegaron a acuerdos que podrían sobrepasar los límites de lo que conocemos como “soberanía”. Existe una alta posibilidad de que los estadounidenses “solicitarán” a sus pares colombianos y mexicanos “un poco de más margen de maniobra” —léase manga ancha— para que sus agentes puedan operar y se muevan libremente dentro de los territorios nacionales tanto de México como de Colombia.
Según el documento oficial que contiene la Iniciativa Mérida, el propósito de este esquema de coordinación es “combatir las amenazas del narcotráfico, el crimen internacional y el terrorismo en el hemisferio Occidental”.
Para lograr estas metas, dice el documento, el gobierno estadounidense compromete un paquete de recursos del orden de los 1.4 millones de dólares, pero no en efectivo, sino en inversión en sistemas de revisión no intrusivos, tecnologías de detección por iones y perros entrenados para las aduanas, Policía Federal y Ejército mexicanos, a fin de detectar el tráfico de drogas, armas, capitales y personas.
De igual forma, los estadounidenses aportarán tecnologías para los sistemas de comunicaciones, asesoría técnica a las instituciones judiciales, programas de protección a testigos y dotarán a México de helicópteros y aviones de vigilancia para apoyar labores de interceptación y garantizar la rápida respuesta operativa de las autoridades mexicanas.
