Por Julio César Hernández
En mal momento, y de manera poco afortunada, fue aprobada el sábado pasado la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios (PPS) que permite al sector privado su participación en la realización de obras y otorgamiento de servicios públicos.
Se argumentó que ante la insuficiencia de recursos públicos para llevar a cabo obras o servicios públicos, se hace necesario permitir la participación de la iniciativa privada. Pero este argumento poco sostén tiene cuando el Gobierno del Estado se ha convertido en un bondadoso donador de recursos públicos para eventos privados -como el de las televisoras- u obras de beneficio para la Iglesia Católica.
Por eso se eligió el momento menos propicio para la aprobación de esta ley.
Y lo fue de manera poco afortunada, porque de los 40 diputados que integran la actual Legislatura local, sólo 16 votaron a favor. Diez lo hicieron en contra y cuatro se abstuvieron. O sea que en la bancada panista ni siquiera cuidaron que asistieran sus 20 legisladores a esta sesión.
Por otro lado, al ponerse en vigor esta nueva legislación, mucho cuidado debe de haber en el otorgamiento de concesiones para la realización de las obras públicas para evitar que haya tráfico de influencias, negociaciones “debajo de la mesa” o decisiones que beneficie a determinados grupos empresariales que luego se vean reflejados en apoyos a candidaturas o campañas electorales.
Dicen que “la burra no era arisca”, de ahí que se justifiquen las dudas o desconfianza que esta nueva ley genera, ante la conducta que el gobierno de Emilio González Márquez ha demostrado en el manejo de los recursos públicos y que tantas críticas le han generado.
