Además de imitar su lenguaje pendenciero de acusar sin probar, el presidente municipal de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro, le ha aprendido al presidente Andrés Manuel López Obrador a crear “cortinas de humo” para distraer la atención de los ciudadanos en banalidades y evitar que se enteren de todo lo que hay detrás de la ilegal y amañada licitación para el arrendamiento de unidades para la seguridad pública del que denuncian un sobreprecio de 400 millones de pesos que vaya usted a saber a los bolsillos de quién irán a parar.

Así como Amlo eligió como “blanco” al periodista Carlos Loret de Mola para desviar la atención del escándalo de la #CasaGris en Houston que rentaba y habitaba su hijo José Ramón, generando un presunto conflicto de interés, Lemus Navarro arremete primero en contra del regidor Carlos Lomelí Bolaños -quien denunció la renta a sobreprecio de las unidades-, y luego contra el magistrado titular de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Armando García Estrada -quien emitió la suspensión definitiva en contra de la ilegal licitación-, para que no se conozca cómo se falsificaron documentos y quizás hasta el expediente para que con toda impunidad pudiera llevar a cabo, ilegalmente, la mencionada licitación y todo lo que hay detrás de ella.

¿Por qué Lemus Navarro no habla del Juicio de Nulidad 4524/2022 que hoy aún no se resuelve en el propio Tribunal de Justicia Administrativa y que, además, se encuentra en otros tribunales e, inclusive, en la Fiscalía General del Estado y sí, en cambio, con la complicidad de algunos medios de comunicación, levanta “cortinas de humo” muy al estilo lópezobradorista y dirige sus agresiones en contra del funcionario del Tribunal Administrativo, acusándolo de presuntos ilícitos sin presentar prueba alguna con todas las consecuencias que ello trae, incluso, para la familia del “blanco” de sus ataques?

¿Por qué Jesús Pablo no habla sobre cómo es que celebró una licitación violando una suspensión provisional del Tribunal de Justicia Administrativa y posteriormente la definitiva, basado en presuntos documentos falsos sobre una revocación de la misma emitida por la Sala Superior del TJA cuando ésta nunca ejerció en tiempo y forma la facultad de atracción y, por lo tanto, nunca tuvo en su poder el expediente correspondiente para ejercer la atracción y negar una suspensión que ya había sido emitida y notificada al Ayuntamiento de Guadalajara, conforme lo establece la propia Ley de Justicia Administrativa?

¿Por qué el munícipe tapatío no habla sobre cómo la Sala Superior lo “liberó” en diciembre de cualquier obstáculo para que llevara a cabo ilegalmente su licitación de arrendamiento, y cuya prueba y explicación se encuentra en el Expediente 4524/2021 que nunca obró en poder de dicha Sala Superior y que, como prueba de ello, están las solicitudes que hace de él el magistrado José Ramón Jiménez, entonces presidente de la Sala Superior, con fecha de enero, casi un mes después?

¿Por qué el Ayuntamiento de Guadalajara pidió a la Sala Superior del TJA se recuse al magistrado García Estrada de este asunto, si supuestamente ya no tenía en su poder el Expediente 4524/2021 que debería de estar en manos de dicha Sala Superior, al haber supuestamente ejercido la facultad de atracción, y que era obligado lo tuviera para emitir la supuesta negativa de la “suspensión”?

¿Por qué el presidente municipal de Guadalajara no habla del por qué el Expediente 4524/2022 le fue ahora sospechosa y “coincidentemente” remitido para su atención a la Quinta Sala Unitaria cuya titular, María Abril Ortiz Gómez, fue funcionaria pública del Ayuntamiento de Guadalajara durante el gobierno del entonces presidente municipal y hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y quien fue designada magistrada del TJA por la mayoría de diputados del partido Movimiento Ciudadano?

Por cierto, la empresa que interpuso el Juicio de Nulidad y a la que se le otorgó la suspensión definitiva, Solar Autopartes, SA de CV, ya presentó ante la Sala Superior del TJA una solicitud de “recusación por causa de impedimento en contra de la titular de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa…”, toda vez que “es ex empleada en gobiernos del partido político Movimiento Ciudadano, Partido Político que se encuentra en el Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y que hoy es precisamente autoridad demandada en el juicio de nulidad IV-4524/2021, situación en la que PUEDE (mayúsculas en el documento original) verse afectada la imparcialidad de la juzgadora…”.

Más adelante refiere que de acuerdo al propio currrículum vitae, en su versión pública, de la magistrada Ortiz Gómez, fungió como “Director de lo Jurídico de lo Consultivo” del Ayuntamiento de Guadalajara del primero de octubre de 2015; luego fue “Directora General Jurídica Municipal” en el Ayuntamiento tapatío del dos de enero de 2016; y finalmente “Directora General de Asuntos Jurídicos” de la Secretaría de Salud, del primero de enero del 2019, cuando Alfaro Ramírez ya era gobernador.

Por lo tanto, la empresa quejosa argumenta que “solicitando los mismos criterios que se utilizaron para recusar al Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria (…), en la recusación 02/2022 del expediente de mérito, solicito sea turnado a un magistrado o magistrada que NO tenga vínculos partidistas conocidos o relación con las partes”.

¿Por qué el alcalde Lemus Navarro no opina o habla de este Expediente 4524/2021 y de todo lo que hay detrás de él, de la complicidad de la Sala Superior del TJA y, en cambio, pretende distraer la atención de los ciudadanos creando “cortinas de humo” agrediendo a quienes él mismo considera sus adversarios o enemigos, sin importarle las consecuencias de sus actos?

¿Por qué Jesús Pablo pretende que se oculte todo lo relativo al Expediente 4524/2021 y que nadie hable o ponga atención en él?

Dicen que las malas mañas se aprenden rápido, y en este tenor Lemus Navarro “va que vuela” para ser el alumno más adelantado de López Obrador en eso de crear “cortinas de humo” con el propósito de engañar a sus gobernados. Pero las pruebas documentales de la ilegal licitación ahí están y son eso, pruebas fehacientes de que se incurrió en una burda violación a la ley para beneficiar los intereses personales de quien tiene la ambición de ser gobernador de Jalisco.