Julio César Hernández
Conforme se van definiendo las candidaturas al interior del PRI, aumentan los aspirantes a ocupar los espacios que otros van dejando.
Así, a la salida de Hugo Contreras de la Secretaría de Organización para irse a buscar la candidatura como diputado federal por el distrito 19, su lugar fue ocupado por el regidor en Atotonilco, Manuel Carrillo Rubio. Luego le tocó el turno a la secretaria general Patricia Retamoza Vega, dejar su cargo a fin de contender por la candidatura a diputada local por el distrito 15.
De acuerdo a los estatutos del partido, por prelación el secretario de Organización –en este caso Carrillo Rubio- se hacía cargo del despacho de la secretaría general. Y así sucedió.
Pero luego otro integrante del comité estatal debió de emigrar también. Miguel Castro Reynoso dejó la secretaría de Elecciones, para cumplir la encomienda de ir a rendir protesta como candidato, por segunda ocasión, a presidente municipal de Tlaquepaque.
En su lugar en dicha secretaría fue designado José Luis Monterde Ramírez, quien a la vez representa al partido ante los órganos electorales.
Sin embargo, ante el descarte que se tuvo que hacer de varios aspirantes a algunas alcaldías, Guízar Macías consideró darle “viabilidad política” a más de uno y consideró pertinente y oportuno darles espacios en el comité estatal.
Así, desplazó a Manuel Carrillo de la secretaría de Organización para colocar ahí al frustrado aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Zapopan, Salvador Rizo Ayala.
O sea que la “viabilidad política” a Rizo Ayala mandó al “limbo político” a Carrillo Rubio, pues al no ser ya el secretario de Organización, por estatutos no puede fungir como secretario general, que es lo que en los hechos realiza.
Esto es, que quien debe de ser ahora el encargado del despacho de la secretaría general, por prelación estatutaria, debe ser Rizo Ayala y no Carrillo Rubio. Entiéndase, pues, que Manuel Carrillo está de “intruso” en el comité estatal incurriendo en presuntas irregularidades, como sería firmar documentos como secretario general cuando estatutariamente no lo es y, por lo tanto, dichos documentos carecerían de validez.
No sé cómo quiera explicar todo este embrollo Javier Guízar, pero lo cierto es que el querer “tapar un hoyo”, con eso de la “viabilidad política”, lo obligó a “destapar” otro.