No son pocos los actuales diputados que solicitaron licencia o continúan en su cargo en el Congreso del Estado y buscan reelegirse en las elecciones de junio próximo, que han sido omisos, indolentes y hasta encubridores de la pésima actuación del fiscal especializado en el combate a la corrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, y que en campaña volverán a engañar al electorado prometiéndole combatir la corrupción que han sido incapaces de concretar durante su actual responsabilidad como legisladores.

La asociación civil “Centro de Estudios Pila Seca” pone a prueba a estos diputados que andan pidiendo otra vez el voto ciudadano, al presentar solicitud de juicio político en contra del fiscal De la Cruz Tovar, quien en los hechos -a decir del presidente de la AC, Luis Armando Córdova Díaz-, desde que asumió su cargo se ha encargado de actuar en función de una agenda política -que le dictan desde el Ejecutivo-, más que de representación social, como es el caso de las denuncias presentadas en contra de la actual diputada federal María Elena Limón García, ex presidente municipal de Tlaquepaque, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, entre otros.

En su solicitud de juicio político, los quejosos son contundentes en los que sostienen su petición, pues apuntan que Gerardo de la Cruz ha ocasionado perjuicio del interés púbico en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, al no judicializar ni investigar las carpetas de investigación 305/2019 -desviación de recursos públicos- y 117/2020 -enriquecimiento ilícito-.

Señalan que “es notorio que los actos (del Fiscal Anticorrupción) ocasionaron y continúan ocasionando un perjuicio al interés público, en virtud de las sistemáticas y reiteradas conductas arbitrarias con la finalidad de no investigar los delitos cometidos por la entonces presidente municipal María Elena Limón García”.

Y agregan: “El Fiscal tiene en la carpeta de investigación 117/2020 los elementos que acrediten el tipo penal de enriquecimiento ilícito, pero durante al menos cuatro años la Fiscalía ha realizado acciones para guardar silencio procesal y no judicializar las carpetas de investigación en una notoria conducta de encubrimiento hacia la que entonces fue presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque.

“Además -añaden en su solicitud- ha cometido (el Fiscal Anticorrupción) acciones reiterativas y arbitrarias con la intención de obstaculizar el acceso de la justicia del suscrito en mi calidad de representante de la asociación civil ‘Centro de Estudios Pila Seca’, que tiene la calidad de víctima de todas las conductas ilegales cometidas por la entonces presidente municipal María Elena Limón García y sus familiares”.

Pero, además, “incurre también en una afectación al derecho humano de vivir en un ambiente libre de corrupción en perjuicio de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque” y, por lo tanto, argumentan, “se establece el juicio político porque el servidor público denunciado, con su conducta, afecta flagrantemente el funcionamiento de una de las instituciones fundamentales de nuestro país, ya que al no investigar los actos de corrupción y llevar a los responsables a la justicia, está obstaculizando la justicia y protegiendo a personas que atentaron contra los intereses del municipio y, por ende, está usando una potestad pública del Estado para cometer actos arbitrarios y contrarios al derecho, traicionando la confianza que le depositó la ciudadanía…”.

Cabe destacar que la inutilidad de la Fiscalía Anticorrupción y de su titular se evidencia en el hecho de que de las más de 3 mil 500 denuncias publicadas en su portal, solo hay ocho resoluciones condenatorias, que representan el 0.25 por ciento de efectividad. O sea que de acuerdo a los poco más de 320 millones de pesos que ha costado la dependencia que preside Gerardo de la Cruz, cada una de las resoluciones condenatorias le han costado a los jaliscienses 40 millones de pesos, aproximadamente.

La pregunta que resta es: ¿Los diputados que buscan reelegirse y los que no, integrantes de la actual Legislatura, se atreverán a actuar, cumplir con su obligación y aplicar juicio político en contra del fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, o irán a pedir instrucciones a Casa Jalisco, como lo han hecho en lo que va de la Legislatura, para seguirlo encubriendo y solaparlo por así convenir a sus intereses en una ficticia lucha contra la corrupción?

Al tiempo…