Con una agenda legislativa cuyas propuestas presentados ayer giran alrededor de los recursos económicos y no en torno a la naturaleza del Congreso del Estado -realizar leyes-, la fracción parlamentaria del Partido del Movimiento Ciudadano que hoy rendirá protesta como integrante de la Legislatura 60 se estrenó con un grave “resbalón”.
Y decimos grave porque precisamente Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Julio García Flores, Fabiola Loya Hernández y Salvador Zamora Zamora tendrán como responsabilidad principal, y particular, la elaboración de leyes. Y esto no podrá concretarse si, de entrada, se ignora la ley máxima del país: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amén de que cada una de las 12 propuestas, dentro de los 10 ejes temáticos, pueden ser objeto de observaciones por su obsesiva referencia al manejo de los recursos económicos – “austeridad, ahorro, gastos superfluos, rendición de cuentas, financiamiento, gastos excesivos, útiles gratuitos, gratuidad del servicio, gasto público, fondo para la sustentabilidad, asignación presupuestal…”-, destaca el contenido del inciso g), “Nuevo modelo de fiscalización”, del primer eje temático “Por una vida pública austera, transparente y sin corrupción”.
En este punto, los futuros diputados del PMC apuntan textualmente:
“Propondremos construir un nuevo modelo (de fiscalización), transformando la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en un Tribunal de Cuentas Ciudadano, cuyas decisiones se tomen de manera colegiada, con autonomía técnica y de gestión, y que sea vigilado por un consejo ciudadano con carácter honorífico…”.
Y luego precisa que este Tribunal de Cuentas “contará con tres salas y sus decisiones se tomarán de forma colegiada para evitar que la responsabilidad caiga en una sola persona…”.
Para que la propuesta de estos próximos legisladores sea viable y se pueda llevar a los hechos, tienen que modificar la Constitución Política federal, concretamente la segunda fracción del artículo 116, lo que implica tener el apoyo de la mayoría de los diputados federales, de los senadores, de las legisladuras estatales y de los Ayuntamientos. Nada más.
Y es que la fracción II del artículo 116 constitucional, señala textualmente:
“Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes, La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posteridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiablidad.
“El titular de la entidad de fiscalización (ojo, es singular: el titular) de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales , por períodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”.
Si de esta manera se “estrenaron” los cinco diputados del Partido Movimiento Ciudadano cuando aun no asumen su nuevo cargo, no seamos tan optimistas en creer que la próxima Legislatura será mejor que la actual y las anteriores.