Por Luis Miguel Hernández

Imagen: GAPAC

En un esquema de política social corresponsable, los ciudadanos pueden organizarse para, a través de instituciones de asistencia privada, brindar a la población aquellos servicios que las instituciones públicas no pueden dar cobertura. Asimismo, en un sentido más amplio, las personas pueden establecer organismos que alienten el debate público, la formación de opinión y los estudios independientes sobre los problemas que enfrentamos los mexicanos.

Fiscalmente estas actividades, al ser de interés colectivo, se fondean mediante donativos deducibles de impuestos por personas físicas y jurídicas y están sujetas a un régimen especial de fiscalización. La mera existencia de estos organismos de la sociedad civil causa un escozor al oficialismo, pues cuestiona sus decisiones y ponen en evidencia sus carencias, por lo que los requisitos formales y materiales para acceder a esta condición fiscal se han endurecido de forma exagerada en los últimos ejercicios fiscales; revisiones de comas y puntos, detalles nimios obligan a quienes pretenden generar una organización social para atender necesidades evidentes de sus conciudadanos a enfrentar un tortuoso proceso.

Por otro lado, la semana pasada vimos cómo el SAT revocó la condición de donatarias a varias organizaciones de la sociedad civil, algunas de corte asistencial, lo cual es parte de una rutina, lamentablemente reflejo de las carencias en hospitales, instancias oficiales y dependencias, pues desde el poder se asume que el gobierno cumple con entregar periódicamente recursos a grupos sociales específicos para que automáticamente el bienestar y las mejores condiciones de vida se actualicen.

Pero también pasaron por la guillotina organizaciones que realizaban investigación y estudios sobre el trabajo que desempeña el sector público, la relación entre poderes constituidos y poderes emergentes, todos esos trabajos que han evidenciado que transformación es como en el caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde, una cosa extraña y no necesariamente ordenada ni socialmente útil, lo que configura un divorcio entre ciudadanía interesada y gobierno.

Los proyectos de reforma política y la operación institucional parecen reducir el margen de incidencia de los mexicanos en las decisiones que afectan su vida, su futuro y su patrimonio; esta transformación nos lleva cada vez más cerca del totalitarismo que de la democracia de alta intensidad en la que todos deben de participar, ser corresponsables y agentes activos en la generación de bienes públicos.

Lo cierto es que, ante la incertidumbre legal, los partidos políticos y los organismos de la sociedad civil están obligados a modificar su forma de hacer las cosas, sus esquemas de relación con la sociedad y sus procesos, para no ser transformados en parte de la historia… esto es tristemente puesto en evidencia con el PRI y con sus sectores que no han logrado subsistir al margen del poder, por lo que en política se vale experimentar en cabeza ajena.

Las recientes declaraciones de la dirigencia panista a nivel nacional nos obligan a revisar a detalle cómo se han actualizado las formas políticas y como hoy, lo que los tiempos piden es una representación política permanente activa, presente y socialmente útil. La llamada de apertura no implica en sí poner un “hándicap” a los militantes y funcionarios panistas, sino que establece la urgencia y la necesidad de que su actividad partidista se haga presente y patente ante la sociedad.

Desde otra vertiente, el panismo entiende que son muchas las expresiones sociales y políticas que necesitan una vía institucional para acceder a la representación política, lo que puede fortalecer y enriquecer tanto su inserción en la sociedad como sus prácticas y capacidades de generación de alternativas responsables para responder a los problemas de México.

En lo que toca a las nuevas organizaciones partidistas que se han hecho presentes ante la autoridad electoral para obtener su registro como partidos, las expectativas son oscuras, pues la intervención oficial y las complicadas reglas hacen difícil esperar que la boleta cambie en los próximos procesos electorales, por lo que serán múltiples expresiones hoy agrupadas bajo estas siglas las que deban de buscar acuerdos y consensos para participar a través de los partidos existentes en los procesos electorales inminentes.

Llamar a la ciudadanía como lo hizo Jorge Romero es, en primera instancia, recordar que la militancia política es una expresión de ciudadanía comprometida; es decir, los panistas no serán puestos en pausa para buscar su crecimiento político, pero reconoce que existen otras formas y esquemas de activismo social y participación política que ameritan espacios de representación.

La segunda implicación es que los panistas que aspiren a competir bajo las siglas del PAN tienen que lograr reconocimiento y prestigio en sus comunidades, para así tener una presencia positiva que sea medible y observable; abrir las decisiones no es copiar a nadie, es simplemente reconocer que se necesita una base más amplia de decisión. Para quienes en su confusión entienden a priori que encuesta es “dedazo” simulado, el tiempo demostrará si tienen o no razón; otros que deberán esperar es quienes ven apertura como sinónimo de purga, pues lo que se observa es un refuerzo no solo en la postulación, sino en el trabajo de partido.

En lo que veo en Jalisco, independientemente de la necesidad de reforzar el trabajo y la urgencia de mejorar los mecanismos de contacto con los jaliscienses, es que por lo menos en Guadalajara, Puerto Vallarta y otros municipios, el Partido está haciendo la tarea; sus aspirantes, sean militantes de años o ciudadanos recién incorporados, están constantemente en las calles buscando a sus vecinos y compartiendo sus propuestas, que es precisamente lo que implica la llamada a la ciudadanía, una base de opinión, activismo y promoción que permita al PAN ser la alternativa natural al modelo populista del régimen actual.

Mientras, por un lado, de múltiples formas y estilos los suspirantes panistas en Guadalajara buscan a los tapatíos, o al menos se encuentran con los militantes, en otros municipios importantes del estado, como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, parece que PAN es algo que se sumerge en el chocolate, pues la ausencia de liderazgos y aspirantes grita, mientras lo que leemos desde la distancia es que siguen esperando que alguien ajeno o propio ponga en marcha la actividad política.

Por lo que ve a Movimiento Ciudadano, se ve que el gobierno, tanto a nivel estatal como en los municipios importantes, se convierte en un complejo rompecabezas cuyas soluciones no siempre son gratas y las demandas colectivas se multiplican; sin embargo, su dirigencia nacional debe de comprender que Jalisco es en donde se juegan el futuro. El PRI, por su parte, pone en rebaja su logotipo, pues el desgaste total que le genera su dirigente le hace perder peso específico de una manera alarmante.

En fin, que apertura, al menos como se debe de leer lo señalado por el PAN, es primero encontrarse con la ciudadanía, compartir sus inquietudes y darles cauce; en un paso posterior, involucrar a los liderazgos y movimientos que puedan sumar votos y mecanismos para dar mayor calidad y profundidad a la representación popular y, por último, pero no menos importante, es reconocer que la ciudadanía es una condición que es previa a la militancia de cualquier color y que el PAN dice estar dispuesto a encontrarse con ella. Ya veremos si le alcanza y si las expectativas que ponemos en la política son alcanzados por las organizaciones e instituciones existentes; mientras tanto, los jaliscienses solo podemos exigir y esperar que los partidos se pongan del lado de la ciudadanía y dejen de ponerse del lado de los intereses particulares.