Ayer el ingeniero químico y doctor en Filosofía Víctor Manuel González Romero, ex rector de la Universidad de Guadalajara y ex secretario general de Gobierno, escribió diez tuits que voy a reproducir en varios párrafos sin que pierda el texto su sentido, y que con todo y título dicen lo siguiente:

“Gobernador amenaza con violar la Constitución. El 10 de diciembre de 2020, el Congreso estatal aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para 2021, por un monto total de 124,281 millones de pesos, según decreto 28287/LXII/20 publicado el 28 de diciembre. Dentro de dicho decreto, en el presupuesto correspondiente a la Universidad de Guadalajara, se incluyeron 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales.

“El Gob. del Estado, con apoyo de diputados afines, amenaza con quitarle a la UdeG los 140 MDP del Museo de Cs Ambientales. De cumplirse la amenaza, se violarían los siguientes principios constitucionales: A. SEGURIDAD JURÍDICA (Art. 14) B. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA (Art. 3).

“A. SEGURIDAD JURÍDICA “Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. …” Es obvio que al quitarle presupuesto a la UdeG hay perjuicio a su comunidad. El espíritu del artículo es que haya seguridad jurídica. Si una norma, ya aprobada, se cambia a capricho, se puede poner en riesgo proyectos, compromisos y contratos, como es el caso. El decreto de presupuesto tiene carácter de Ley ya que fue aprobado por el Congreso bajo los preceptos pertinentes (es por ello que en algunos documentos se le denomina “Ley de Egresos”).

“B. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Artículo 3.- “… VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, … administrarán su patrimonio. …”. Los recursos que se destinan a la Universidad, por decreto del Congreso, son parte de su patrimonio. Compete solamente al Consejo General Universitario definir su uso. Dicho Consejo dispuso que se usarían 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales. Solamente el propio Consejo puede cambiar dicha decisión (bajo sus propias normas), si lo hace un ente externo es una violación a la autonomía.

“Esta es mi opinión, como universitario interesado en el tema, pero no soy abogado. Me gustaría conocer opiniones de expertos en derecho constitucional para enriquecer la discusión”.

Los apuntes que comparte el doctor González Romero son contundentes y, abogados o no, la lógica y el sentido común confirman que los argumentos arriba expuestos son ciertos y no admiten interpretación alguna. Como suelen decir: hasta un estudiante de primer semestre de Derecho sabe de estos razonamientos.

Pero si bien dentro del gabinete y del equipo jurídico del gobierno del Estado supuestamente existen buenos abogados – aunque varios de ellos, por no decir que la mayoría, llegan más por amiguismo y compadrazgo, que por su capacidad-, el gobernador Enrique Alfaro tiene enfrente de su despacho como vecino y colaborador, en funciones de secretario general de Gobierno, a Enrique Ibarra Pedroza, un “viejo lobo de mar” en política.

Además de abogado y maestro en Derecho Electoral, Ibarra Pedroza ha sido en tres ocasiones diputado federal y en otras tres diputado local. En seis ocasiones ha formado parte del Poder Legislativo federal y del Estado. O sea que además de sus conocimientos como abogado, el también excandidato a la gubernatura por el PRD-PT tiene toda la experiencia legislativa para saber cómo los diputados “mueven el abanico” o cómo los obligan desde el Ejecutivo a hacerlo.

No quisiera creer que Enrique Ibarra Pedroza ignore lo que dice la ley, y concretamente los puntos argumentados por el doctor González Romero, o, lo que es peor, que esté de acuerdo y valide la violación de la ley que pretende ejecutar el gobernador Alfaro Ramírez a través de sus “empleados” diputados en el Congreso del Estado, retirándole a la Universidad de Guadalajara los 140 millones de pesos ya presupuestados para el Museo de Ciencias Ambientales so pretexto de su preocupación por la salud de los jaliscienses y los destine a la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá.

Ibarra Pedroza, como abogado y por su amplia experiencia legislativa, sabe que la “ideota” que los diputados le plantearon a su jefe el Ejecutivo estatal es a todas luces ilegal y que los artículos a los que recurre el ex rector universitario y los argumentos con los que acompaña sus citas, son contundentes para demostrar dicha ilegalidad. El secretario general de Gobierno sabe que a los universitarios les asiste la razón, más allá de los intereses políticos de por medio o de todas las sospechas o certezas que existen sobre el manejo de los recursos de la máxima Casa de Estudios o del poder ilimitado con que se maneja el líder del Grupo Universidad, Raúl Padilla López, en contra de quien va el “golpe” que le lanzan desde Casa Jalisco y Palacio Nacional.

No se trata de defender a Padilla López y los negocios universitarios -que deben de ser auditados por las instancias correspondientes-, sino evidenciar que por venganzas, por revanchismos o por caprichos no se puede pisotear la ley de acuerdo al humor con que se levanten los gobernantes. Lo hace el inquilino de Palacio Nacional y lo hace el de Casa Jalisco. Pero eso es lo que no debe suceder.

El partido Movimiento Ciudadano critica y condena esta actitud cuando quien la comete es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero guarda cómplice y vergonzante silencio cuando quien actúa de esta manera es su gobernador de Jalisco.

Enrique Ibarra supo de esta acción ilegal antes de irse a gozar de unas merecidas vacaciones, pues sobre este tema dialogó con directivos universitarios, según reveló ayer el secretario general de los trabajadores de la UdeG, Jesús Becerra. Si fue así, ¿por qué validó esta decisión y acción del gobernador si sabe que no es correcta ni mucho menos legal? ¿O qué argumentos legales tiene el secretario general de Gobierno para darle la razón a su jefe, el gobernador del Estado? Si los tiene, creo que sería muy interesante conocerlos, pues finalmente su cargo amerita que intervenga en este asunto y haga pública su posición al respecto.

De otra manera -como desde hace tiempo se dice en los corrillos políticos del estado-, ¡qué manera de desperdiciar a un colaborador!

Al tiempo…