Julio César Hernández
El jueves anterior, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, diputado Salvador Barajas del Toro, reveló que la Auditoría Superior del Estado fincó una serie de cargo a los siguientes Ayuntamientos en sus cuentas públicas de años atrás:
Tuxcacuesco 2006: 13 millones de pesos; Encarnación de Díaz 2006: 11 millones de pesos; Tonalá 2006: 13 millones de pesos; Tala 2007: 59 millones de pesos; Tonalá 2007: 180 millones de pesos; Zapotlán el Grande 2008: 11 millones de pesos; Tlajomulco 2008: 186 millones de pesos.
En total, los cargos aplicados a estos ocho Ayuntamientos ascienden a 482 millones de pesos, de los cuáles el monto mayor corresponde a dos Ayuntamientos metropolitanos: Tonalá y Tlajomulco, en los gobiernos de Agustín Ordoñez y Jorge Vizcarra, en el primero, y de Antonio Tatengo, en el segundo.
Esto es, de los 482 millones de pesos en total, 388 millones corresponden solamente a Tonalá y Tlajomulco.
Sin duda que es escandaloso el monto por los cargos aplicados por la Auditoría, pero de acuerdo a datos recabados, en los años 2006, 2007 y 2008 el total de los cargos en cada uno de esos años superó los 300 millones de pesos sin que se conozca hasta el momento si la Comisión legislativa “limpió” a “lavó” dichas cuentas públicas que se hicieron acreedores o dichos cargos o si los Ayuntamientos correspondientes no reclamaron su reintegro y ni siquiera denunciaron al funcionario responsable.
Así, en 2006 la Auditoría Superior fincó en total cargos por 321 millones 135 mil 459.47 pesos. Un año después, en el 2007, el total de cargos fue por 361 millones 470 mil 139.06 pesos. Y finalmente en el 2008 los cargos ascendieron a 317 millones 134 mil 328.90 pesos, aunque al cierre de esta cifra quedaban aun 48 pendientes y que quizás hoy ya obren en poder del Congreso del Estado.
En total, durante los tres años mencionados, la Auditoría fincó cargos por un total de 999 millones 739 mil 927.43 pesos.
Casi mil millones de pesos que los Ayuntamientos auditados –desconocemos cuáles y cuántos- no solventaron ante la Auditoría Superior y que quién sabe a dónde fueron a parar.
¿Quiénes son los ex funcionarios municipales que hicieron un manejo irregular de los recursos públicos, por no sospechar que los malversaron en su beneficio? ¿Qué hizo el Congreso del Estado al respecto? ¿Qué han hecho las autoridades municipales que sucedieron a los Ayuntamientos que no lograron aclarar los cargos impuestos por la Auditoría? Si tenían la obligación de reclamar el reintegro de esos recursos a las arcas municipales, ¿lo hicieron o no lo hicieron? ¿Presentaron denuncias penales? Y si lo hicieron, ¿qué resultado han tenido?
Por eso el “sospechosismo” “a flor de piel”. ¿O no?
