Cynthia Cantero Pacheco, ex titular del Instituto de Transparencia, asume hoy el cargo de Contralora Ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara con dos serios compromisos a cumplir y que deberá de comprobarse al momento de instalarse en su oficina:

1. Que el que haya sido el presidente municipal de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro, quien le solicitó y convenció de registrarse como aspirante al cargo no será condicionante para que se convierta en su empleada, aliada y hasta cómplice cuando de investigar y denunciar actos de corrupción se trate; y 2. Que asume el cargo con el verdadero propósito de combatir la corrupción al interior de un gobierno al que, para estrenarse, ya le descubrieron irregularidades en una licitación por casi 800 millones de pesos y que tiene que ver con el arrendamiento de patrullas para la Policía Municipal.

Ayer Cynthia Cantero se reunió con los coordinadores de las fracciones edilicias de los partidos representados en el Cabildo tapatío, y ojalá los haya convencidos de que llega con el firme compromiso de hacerle honor a su nuevo cargo o, cuando menos, que le hayan dado el beneficio de la duda.

Los regidores de Morena, encabezados por Carlos Lomelí Bolaños, han denunciado las irregularidades encontradas en el proceso de arrendamiento de las unidades en el que destaca su contratación a sobreprecio. Ayer revelaron que tras realizar una cotización de los 290 vehículos encontraron que el precio que pagará el Ayuntamiento es 40 por ciento más alto, pues mientras erogará en tres años 792 millones 261 mil 796 pesos, de acuerdo a la cotización podrían pagarse 459 millones 472 mil 821 pesos y, de esta manera, ahorrarse 332 millones 788 mil 975 pesos si el pago fuera al contado.

Por el momento, los regidores morenistas se han centrado en el sobreprecio de las unidades, que no es cosa menor, pero existe otro tema de mayor gravedad -y aquí lo he abordado en entregas anteriores-, que es el origen irregular e incluso ilícito de esta licitacion: la violación flagrante de una suspensión emitida por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa por parte del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Guadalajara. Si los integrantes de este Comité hubiesen respetado la resolución de dicha Sala, el atraco del sobreprecio por el arrendamiento de las unidades no se hubiese cometido… por el momento.

La regidora Mariana Fernández Ramírez reveló ayer que la presidente del Comité de Adquisiciones será llamada a comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social -de la que es presidente- para que “explique el análisis de mercado que se hizo en esta licitación, las características de lo que se pretende arrendar, quién eligió a los testigos sociales, las propuestas técnicas que se presentaron, así como el contrato y el comprobante de los pagos por anticipado”.

Eso está bien, pero para empezar deberá cuestionarla sobre el por qué violaron la suspensión provisional que les hizo llegar la Cuarta Sala del TJA antes de llevar a cabo la sesión de licitación, y exigir que muestre los documentos oficiales en los que se basaron para llevarla a cabo, sin acatar la notificación de la suspensión que recibieron en tiempo y forma, así como pafra comprobar la legalidad y veracidad de dichos documentos, ante la sospecha de que fueron falsificados y sin contar con las firmas originales obligadas.

Este punto, causante de todo este “cochinero”, deberá ser también atendido por la a partir de hoy Contralora Ciudadana, Cantero Pacheco, porque ahí está el verdadero origen de la ilegalidad de esta licitación que se redondea con el arrendamiento a sobreprecio denunciado y demostrado por los regidores de Morena, pues no se puede atacar solamente ésta irregularidad si se ignora y no se atiende el momento en que se da pie a que este Comité de Adquisiciones actúe para favorecer quién sabe qué intereses y de quién sabe quién o quiénes.

Dice el dicho popular que “tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata”. En este asunto se puede aplicar lo anterior, pues si nadie le hubiera “agarrado la pata”, o sea violado la suspensión emitida por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, nadie hubiera “matado a la vaca”, entendiéndose de que la licitación no se hubiera llevado a cabo y no se habría aprobado esta adjudicación a sobreprecio.

Pero de esta irregularidad, e incluso ilícito, de haber violado la suspensión provisional -en el que estaría involucrada la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, funcionarios del Ayuntamiento e integrantes del Comité de Adquisiciones-, y que podría ser motivo hasta de cárcel, hablaremos en la próxima entrega.

Por lo pronto, Cynthia Cantero Pacheco tiene la última palabra y se juega su futuro como servidora pública: cumple con su compromiso y obligación de combatir y denunciar la corrupción en el Ayuntamiento de Guadalajara, o será su debut y despedida como funcionaria de gobierno.

Al tiempo…