De las muchas derrotas legales que ha sufrido -y seguramente sufrirá, pues aún hay más casos pendientes en tribunales- el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quizás una de las más dolorosas es la que ha venido sumando en el caso de la reforma a la Ley de Pensiones, concretamente la retroactividad que aplicó al tope de las pensiones para quienes ya la recibían antes de septiembre del 2020 cuando se aprobó.

Otra de las dolorosas derrotas que ya sufrió fue el “golpe” que la Suprema Corte le propinó al declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial que pretendía someter a sus integrantes a los exámenes de control y confianza.

Pero las derrotas sobre la reforma a Pensiones no sólo serán dolorosas sino que confirmarán el craso error que cometió al tomar esta decisión, evidenciará la incapacidad de su equipo legal de no haber advertido la improcedencia de la medida y reconfirmará la vergonzosa actuación de los diputados de la pasada Legislatura -la LX- que aprobaron esta reforma, aunque muchos de ellos hoy gozan del pago que su servilismo les dio: seguir viviendo del presupuesto público, en las filas del gobierno alfarista.

La semana pasada la Juez Décimotercero de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo, Tatiana Elizondo Piña, falló a favor del ex magistrado Gilberto Ernesto Garabito García, quien atacó la reforma en tribunales por verse afectado por la retroactividad de dicha reforma.

Con el caso del ex magistrado y ex presidente del Poder Judicial, Garabito García, crece el número de pensionados que han recurrido a tribunales y obtenido una resolución favorable ante la criticable decisión del gobernador Alfaro y la aberrante y absurda aprobación de la reforma por parte de “sus” diputados, lo que al final del sexenio quedará marcado como la derrota más vergonzosa para el Mandatario estatal.

Y digo que al final de sexenio, porque aún está pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Acción de Inconstitucionalidad que promovió ante ella la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su presidente Rosario Piedra Ibarra, por esta reforma a la Ley de Pensiones, que se presume será contra la decisión de Alfaro Ramírez.

En su momento, Enrique Alfaro amenazó con “exhibir” -o sea, hacer públicos sus nombres- a todos aquellos pensionados que osaran recurrir a tribunales y hacer valer un derecho que la Constitución les otorga para combatir su ya reprobable reforma a la Ley de Pensiones. Pero ninguno de esos pensionados se amedrentaron, tuvieron miedo a sus amenazas, y con el respaldo de la ley acudieron a hacerla valer.

Y resulta que la ley y los tribunales a quienes han “exhibido” es al propio gobernador y a “sus” diputados que hoy gozan de cabal salud… económica.

¿Cuántos pensionados más seguirán recibiendo la protección de la ley con suspensiones y amparos a su favor y propinándole derrota tras derrota al Ejecutivo? ¿Qué tanto tiempo vamos a esperar para conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia que le ponga punto final y dé la “estocada” a una decisión que estaba destinada al fracaso?

Al tiempo…