A falta de argumentos y pruebas para demostrar que la licitación para el arrendamiento de 290 unidades para patrullas fue “transparente” y “abierto” -lo que no quiere decir que fuera legal, al violarse una suspensión provisional- como lo presumió en su entrevista con MVS Radio Jalisco, el presidente municipal de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro, recurre a la descalificación y a la ofensa en contra de quienes con elementos de prueba han evidenciado presuntas irregularidades que ameritan una investigación a fondo de la Contraloría Ciudadana del propio Ayuntamiento tapatío, y quizás hasta de autoridades de otro nivel.

En dicha entrevista radiofónica, muy a su estilo, sin prueba alguna aseguró que los denunciantes son “abogados trácalas”, mientras que posteriormente arremetió en contra del regidor Carlos Lomelí Bolaños endilgándole cuantas descalificaciones se le ocurrieron, luego de que junto con sus compañeros regidores de Morena denunció el arrendamiento a sobreprecio y presentó una denuncia formal para que la Contraloría Ciudadana investigue dicha licitación.

Hasta el momento, ni Lemus Navarro ni funcionarios de su gobierno ni del Comité de Adquisiciones han presentado pruebas que desmientan o contradigan lo que se ha dado a conocer respecto a las irregularidades detectadas en el proceso de licitación, comenzando por la violación que hicieron de la suspensión provisional hasta el precio tres veces por arriba del que la misma empresa ganadora, Integradora de Apoyo Municipal, SA de CV, cobró al Ayuntamiento de Zapopan que encabezaba el mismo Lemus Navarro en 2018.

Y es que ahí la evidencia es muy clara y categórica. Por el arrendamiento de 248 patrullas, similares a las que ahora en Guadalajara adquirieron, la empresa cobró a Zapopan 293 millones 637 mil 847 pesos, incluyendo 15 unidades más y 60 motocicletas; en tanto ahora, por 290 patrullas y otras unidades más, la misma empresa les está cobrando 792 millones 261 mil 796 pesos.

El alcalde Jesús Pablo Lemus observa cómo el problema le crece como “bola de nieve” sin tener forma de atajarlo -pese a que pretende minimizarlo-, pues ya llegó incluso a escala nacional en medios de comunicación. En su desesperación, recurre a la ofensa y la descalificación.

Ante ello, el regidor Lomelí Bolaños hizo pública la carta que le envió y de la que referimos algunos párrafos:

“Lamento mucho las reacciones que usted ha exhibido en las declaraciones, porque no están a la altura de un presidente municipal y no es lo que merecen las y los tapatíos que representamos…

“Los habitantes de Guadalajara merecen que ante cualquier polémica o conflicto en asuntos de la administración de la ciudad, por graves que sean, recurramos a las instancias que transparenten y aclaren los procesos, que actuemos con prudencia y con responsabilidad, y no que lancemos injurias y calumnias sin pensar en sus repercusiones.

“Lamento que las diligencias de nuestra fracción para aclarar la licitación más importante de la administración, que implica un monto de $792 millones 261 mil 796.98 de pesos lo molestaran de esa manera y lo llevaran a perder la compostura…

“La fracción de Morena se debe al pueblo tapatío, sin importar cuánta molestia le pueda generar a quien no está acostumbrado a la crítica…

“Lo convido respetuosamente a que se serene, que por respeto a la ciudadanía no pierda la compostura y no calumnia a nadie (…). También le digo que son un hombre de posturas firmes, y si usted decide continuar con sus declaraciones, actuaré conforme a derecho para que deje de violentar a mi persona y a mi familia…

“Lo invito a que se sume a la denuncia que presentamos ante la Contraloría para que manifieste su voluntad de aclarar el proceso de adquisiciones en cuestión, a fin de cuentas si las cosas se aclaran todos salimos ganando, porque el que nada debe nada teme…”.

Así, pues, ojalá y el gobierno de Lemus Navarro, y el propio alcalde, desmientan con pruebas, y no con descalificaciones, los señalamientos sobre irregularidades en la licitación para el arrendamiento de patrullas, comenzando por demostrar que su Comité de Adquisiciones actuó en el marco de la ley y que no violó una suspensión otorgada por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, prestándose a la simulación que, incluso, pudiera llegar a constituir un delito penado por la ley.

Como bien dijo Lomelí Bolaños, el lenguaje de Jesús Pablo no es el de un presidente municipal -nunca alguno de sus antecesores utilizó ese lenguaje, dándole respeto a su investidura-, y mucho menos de alguien que gobierna la capital del Estado, la segunda ciudad más importante del país y de quien aspira a ser gobernador de Jalisco… a menos que como buen alumno crea que ese lenguaje es el que lo lleva a la gubernatura.