Jaime Ramírez Yáñez
El asunto de Tonalá, más allá de las simples especulaciones, retrata un sistema político, el del cambio, que en realidad no tiene mucha diferencia con aquel que le dio 70 años de “paz social” al país.
Hace algunos días, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Jalisco, Javier Galván Guerrero, expresó en un programa radiofónico, palabras más o menos, que el estado de cosas que prevalecía en el municipio artesanal dibujaba un sistema en descomposición total.
La razón no le sobra; lo que la falta es memoria. En el sistema revolucionario institucional —el de la modernidad—, se ejecutó a un presidente, Álvaro Obregón; muchos años después, se asesinó a un cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo; después a varios dirigentes perredistas, entre ellos a Javier Ovando; enseguida a un candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y al secretario general del partido, José Francisco Ruiz Massieu. Todo esto se movió en la impunidad.
La lista de actores políticos y sociales ejecutados en los tiempos en que había “paz social” sería interminable.
En realidad, lo que refleja la situación tonalteca es que el referente no son los partidos políticos, son las personas, y que defectos de personalidad administrativa, por llamar de alguna forma a lo que sucede en Tonalá, son provocados por la falta de entendimiento de lo que significa ejercer el poder.
Ya en alguna entrega habíamos abordado el porqué municipios como el tonalteca eran blanco de asentamientos narcos. En primer lugar, la compra de autoridades no requiere de grandes inversiones, es un municipio conectado con varias salidas y entradas rápidas de carretera y además cuenta con una cantidad importante de terrenos susceptibles a fraccionar a bajo costo, ideal para el lavado de dinero.
Asimismo, en este tipo de municipios hay un número considerable de tiendas de abarrotes que también dan servicio a los narcos para el menudeo de drogas; el control de estos negocios es fácil para los policías, quienes trabajan como halcones —vigilantes— al servicio de los traficantes.
Otro aspecto que se ha perdido considerablemente es la falta de operativos en contra de laboratorios de drogas sintéticas.
Casi al final del periodo gubernamental de Francisco Ramírez Acuña, los servicios de inteligencia estatal tenían detectados cuando menos 26 laboratorios en Tonalá y Tlajomulco. La información más reciente sobre detección y destrucción de este tipo de lugares para procesar droga nos habla de dos casos nada más: uno en Cajititlán, donde en realidad los agentes investigadores llevaban a cabo pesquisas de un homicidio, y otro más en Guadalajara.
El narco sabe bien los terrenos que pisa. El día en que los policías municipales de Zapotlanejo detectaron y detuvieron a los pistoleros de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, estos les ofrecieron a la pareja de uniformados cien mil pesos a cambio de no ser detenidos.
El total de armas que transportaban eran siente cortas y siete largas, además de tres granadas de fragmentación y 1,200 cartuchos útiles de varios calibres. Si ellos hubieran sido ubicados por, digamos, elementos de la Policía Federal Preventiva, tendrían que haber desembolsado cuando menos dos millones de pesos por su libertad.
En síntesis, lo que sucede en Tonalá es el reflejo del nivel de descomposición política y social no sólo de ese municipio, sino de un contexto que abarca, desagraciadamente, lo nacional.
Indicios
La semana pasada, el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, señaló que en lo que va de su Administración han sido detenidos cuando menos diez mil narcotraficantes.
Seguramente Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y el procurador, Eduardo Medina Mora, le dieron mal la cifra.
Si nos atenemos a los informes rendidos por estos dos funcionarios en el caso del operativo México Seguro, en el primer trimestre del gobierno calderonista la cifra era de 1,200 traficantes aprehendidos.
En el segundo trimestre, la cifra era similar y, después del cese de hechos violentos —o mas bien del reinicio del tráfico de drogas—, el número bajo considerablemente.
Entonces, cuando mucho, los narcos detenidos, hablando de manera optimista, sumarían unos 4,500.
De ellos, ciertamente, ninguno de importancia.
