Por Julio César Hernández
 
Mientras el gobernador Emilio González Márquez sigue sufriendo los estragos y las consecuencias de su desafortunado léxico utilizado en aquel ya famoso Banquete del Hambre,el desorden que existe en su administración sale a flote día con día.
 
Por un lado, el director del Siapa se “destapa” sin rubor alguno como su candidato -o de su grupo- a la alcaldía de Guadalajara; por el otro, su ex secretario de Finanzas, Oscar García Manzano, asegura que en un año y dos meses concluyó el trabajo que tenía previsto hacer en tres años; los rumores sobre las salidas de los secretarios Aurelio López Rocha y Alejandro Cravioto, de Turismo y Cuiltura, generó tensión en estas dos dependencias que, al parecer, están destinadas a fusionarses… y así hasta el infinito.
 
Sin embargo, son otros dos hechos los que deben de llamar nuestra atención y que, por supuesto, son de mayor trascendencia para el gobierno y la entidad en general: la petición de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la PGR para que la fiscalía especial, que encabeza Guadalupe Morfín, atienda el caso de la denuncia de hechos en los que presuntamente participó el procurador Tomás Coronado Olmos y algunas menores de edad, y la orden que el Tribunal Electoral del Poder Judicial dirigió al Tribunal Electoral en el estado para que atienda la demanda de la FEU en contra del Gobernador por no haber suspendido el incremento a la tarifa del transporte, tras solicitar la aplicación del referéndum.
 
Estos dos casos no son menores enmedio de todos los problemas que enfrenta la administración emilista, y seguramente que ambos asuntos traerán serias consecuencias, pues hay quien apuesta que la Fiscalía Especial encontrará responsabilidad en el titular de la Procuraduría estatal, en tanto que a todo mundo, excepto al Ejecutivo, queda claro que la Ley establece la suspensión o dejar sin efecto el incremento del pasaje, en tanto no concluya todo el procedimiento.
 
Pero todo indica que ni las cosas menores ni las más importantes, como los dos casos anteriores, inquietan al gobierno estatal, quien sigue en su posición de que en Jalisco no pasa nada, que todo va bien y que son los medios decomunicación los responsables de que la ciudadanía hable de estos temas.
 
A este ritmo, vale preguntarse:¿a dónde se dirige la actual administración estatal?