Ayer el periódico Mural publicó una nota en portada que -extrañamente- repitió en páginas interiores y que tituló: “Indaga Fiscalía a opositor, tras una denuncia de MC”.
En el cuerpo de la nota se lee: “La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción emprendió una pesquisa en contra de un integrante de la campaña de Claudia Delgadillo, quien fue acusado apenas tres semanas antes por Movimiento Ciudadano”. Y en el último párrafo señala: “Tras la querella emecista, el 19 de abril la Fiscalía Anticorrupción giró al menos seis oficios requiriendo información a diversas dependencias sobre casas y vehículos propiedad del ex funcionario (…). También indaga si tiene préstamos por pagar, si está afiliado a un organismo ganadero y hasta el estatus legal de su matrimonio”.
De esta información del matutino, vale destacar lo que señala que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, respecto a esta denuncia presentada por Movimiento Ciudadano hace “apenas tres semanas”, y que en tan poco tiempo ya ha girado “seis oficios requiriendo información…”.
Pero, ¿saben en base a que Gerardo de la Cruz abrió la investigación y giró seis oficios solicitando información del “opositor”? A la denuncia presentada por MC con …¡notas periodisticas!
Sorprende, sin duda alguna, lo expedito que ha sido el fiscal anticorrupción De la Cruz Tovar ante esta denuncia presentada por el partido que gobierna Jalisco, Movimiento Ciudadano en contra de un “opositor”, lo que por supuesto levanta sospechas de que esta Fiscalía y su titular son prácticamente una dependencia y empleado más del Poder Ejecutivo, pues resulta que desde hace cuatro años tiene sobre su escritorio dos denuncias -con pruebas que las sostienen- en contra de la ex presidente municipal de Tlaquepaque y actualmente diputada federal de Movimiento Ciudadano, María Elena Limón García, presentada por la asociación civil -o sea ciudadanos- Centro de Estudios Pila Seca, por las que el Fiscal no ha movido “ni un dedo”.
Gerardo de la Cruz mantiene en la “congeladora” -reitero, desde hace cuatro años- las carpetas de investigación 117/2020 por los delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, en contra de Limón García y funcionarios familiares de la hoy legisladora; así como la 305/2019 que se integra por el uso ilícito de atribuciones y facultades, por la serie de adquisiciones en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, que no se ajustaron a lo previsto por la norma en materia de adquisiciones, enajenaciones y contratación de servicios.
El presidente de la asociación civil y denunciante, Luis Córdova Díaz -quien fuera regidor de Tlaquepaque-, declaró el pasado seis de mayo en rueda de prensa lo siguiente: “Tienen en su poder un estándar probatorio suficiente, indicios claros, pruebas contundentes, documentales, que hacen prueba plena para que sean judicializadas estas carpetas y, asimismo, sean imputados quienes están denunciados en las mismas”.
Recordó que en el 2020, un Ministerio Público señaló que sí había elementos suficientes para acreditar desviación de recursos públicos, pero señaló que continúa esta protección a los funcionarios de Tlaquepaque.
Y en aquella rueda de prensa, Córdova Díaz evidenció lo que ahora se reconfirma con la nota periodística de Mural. El denunciante dijo: “Ante esto, no nos queda otra salida que denunciarlo de manera penal por esta obstrucción y omisiones que para él puede ser cumplir con un compromiso político, pero para los habitantes de Tlaquepaque es seguir permitiendo la desviación continua de millones de pesos de recursos públicos por parte de los denunciados, la expresidenta municipal María Elena Limón García, sus familiares y gente cercana involucrados…”.
Remató: “Testigos van de manera directa a la Fiscalía Anticorrupción para que escuchen su testimonio, y a la fecha no hay ni una cita para ellos, pero cuando son temas de carácter político-electoral, de inmediato empiezan a sustanciar estas investigaciones”, como ayer lo publicó el diario tapatío cuando de un “opositor” se trata.
Por esta actuación de Gerardo de la Cruz Tovar, se interpuso ya una denuncia penal en su contra en la Fiscalía General del Estado, y desde tiempo atrás se presentó también en el Congreso del Estado una solicitud de Juicio Político que, lamentablemente, “duerme el sueño de los justos” en el cajón de algún diputado integrante de la Comisión de Responsabilidades, pues no se le ha dado curso.
Así, pues, la Fiscalía Anticorrupción y su titular, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, parece que sólo están para atender los asuntos que le interesan al Poder Ejecutivo, y no a la ciudadanía, máxime cuando se trata de ir en contra de un “opositor” y tenga el carácter de ser un asunto político-electoral. En estos casos, sí son expeditos y “eficientes”.
