Si aún quedaba alguna duda de que la mayoría de diputados de la actual LXII Legislatura pasaron a ser empleados fieles y dóciles del titular del Ejecutivo estatal, ayer quedó reconfirmado cuando aprobaron violar nuevamente la Constitución del Estado y modificar la fecha en la que el gobernador debe rendir su tercer informe de gobierno.
La Constitución del Estado establece que el gobernador debe rendir su informe anual el día 6 de noviembre, pero ante la imposibilidad de difundir antes y después de la ceremonia sus logros porque para ese día ya habría arrancado la campaña de la elección extraordinaria de la presidencia municipal de Tlaquepaque -sucedería el 3 de noviembre-, y estaría impedido a hacerlo, los diputados decidieron atender y responder positivamente la petición de Enrique Alfaro Ramírez de adelantar su informe.
Por ello, a fin de que el Mandatario estatal pueda promover sus acciones y obras de gobierno con propaganda en medios de comunicación y redes sociales, los diputados aprobaron que su tercer informe lo rinda el jueves 28 de octubre.
Argumentos para justificar violentar la ley no les faltaron a nuestros diputados.
Por ejemplo, afirmaron que al estar vigente la veda electoral, no podría difundirse su informe porque podría mal interpretarse al considerar que se tomaría como propaganda gubernamental y que se pondría en riesgo la equidad de las elecciones o que estaría interfiriendo en la elección extraordinaria y, por tanto, el Mandatario podría ser sujeto a sanciones.
No me extrañan los argumentos de los diputados -ya he dicho que están muy lejos de ser legisladores-, pues bastante muestra han dado de su incompetencia y de ignorar las leyes que están obligados a conocer y respetar. ¿O no saben que una Ley Electoral no puede estar por encima de la Constitución del Estado? ¿No saben, acaso, que como lo refieren los gobernantes al inicio de su informe, estaría cumpliendo con lo que le obliga la Constitución en la fecha en la que la Constitución lo establece y no deja al arbitrio de los diputados el cambio de fecha a placer?
¿De veras creen que los tlaquepaquenses son tan infantiles como para definir el sentido de su voto por lo que diga el gobernador Alfaro en su informe de gobierno? ¿A quién se le sanciona porque cumple con lo que le obliga la Constitución, como sería el caso? ¿Qué partido político denunciaría al gobernador por rendir su informe en la fecha que obliga la Constitución del Estado?
Aun más: ¿Por qué a fuerza deberían de difundirse las acciones y obras de gobierno antes y después del informe? ¿Por qué creen que los medios de comunicación estarían impedidos a publicar ese día o al día siguiente lo referido por Alfaro Ramírez en su informe, si finalmente lo que se está difundiendo es una noticia y no propaganda o publicidad pagada por el gobierno?
Reitero: el meollo del asunto es que de respetar la fecha establecida por la Constitución para rendir su informe -el 6 de noviembre-, el Ejecutivo, eso sí, estaría impedido de pagar y destinar miles o quizás millones de pesos por la difusión de sus acciones y obras de gobierno en el sentido de que le sea favorable, y sólo se tendría que conformar con lo que publiquen los medios de comunicación bajo su criterio.
Podría decirse que se trata de un simple cambio de fecha, pero no es así, pues lo que está de por medio es que el Ejecutivo pueda destinar recursos públicos en la difusión de las acciones y obras del gobierno del Estado, lo aque no podría hacer si se respeta la Constitución y se rinde el informe el sábado 6 de noviembre.
Pero, ¿qué se puede esperar de estos diputados de la LXII Legislatura que con su actuación han desprestigiado sin vergüenza alguna al Poder Legislativo como nunca lo había hecho antes ninguna de sus antecesoras, al comportarse como meros súbditos del Ejecutivo?
No, nada debe sorprendernos ya. Pero para fortuna de Jalisco y los jaliscienses, cada día vez es menos el tiempo para que terminen su gestión y se vayan seguramente satisfechos del deber cumplido, no con los ciudadanos que les dieron sus votos o a los que decían representar, sino con quien es realmente su jefe y al que le deben estar donde aún están: el Ejecutivo estatal.