La revelación de que la ex regidora de Guadalajara, Elisa Ayón, recibirá una pensión de 108 mil pesos mensuales generó sorpresa e indignación en redes sociales, no obstante que en 2014 fue inhabilitada para ocupar cargos públicos durante 10 años.

Dice la sabiduría popular que “no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre”, y es que ni Elisa Ayón ni el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones (IPEJAL), que aprobó esta asignación, incurren en alguna irregularidad, pues ambas partes cumplen con lo que establece la ley vigente. La nota de ayer del periódico Mural deja en claro que para obtener ese monto de pensión, Ayón tuvo que aportar 33 mil pesos mensuales de su bolsillo a partir del año en que fue separada del cargo.

Elisa Ayón no es la única, la primera ni la última derechohabiente de Pensiones que aproveche las bondades de una ley que así la hicieron y aprobaron los diputados, y que pese a las inconformidades, quejas e indignación de la ciudadanía -que considera que con ellos los funcionarios públicos de primer nivel obtienen pensiones de lujo que difícilmente un burócrata podrá alcanzar-, los legisladores posteriores se han negado a reformarla porque llegado el momento quieren también gozar de ese privilegio.

Las pensiones “Vip” se acabarán el día que los diputados tomen conciencia de la desigualdad e inequidad de dicha ley y de las trampas que a su sombra se realizan para que algunos funcionarios se puedan pensionar con altos montos, y decidan reformarla para evitar que haya pensionados de primera y de segunda. Pero desgraciadamente no creo que eso vaya a suceder.

En cambio, lo que es de llamar la atención es la disputa que se ha desatado en el grupo alfarista por el control del Instituto de Pensiones, hoy convertido en un verdadero botín. Y es que al interior del Ejecutivo ya se advirtió que las manifestaciones de trabajadores del Sindicato Incluyente y su exigencia de que deje su cargo su director, Iván Argüelles Sánchez, son simplemente “fuego amigo” que tiene como objetivo desplazarlo de tan “apetitoso” espacio.

En los corrillos del Ejecutivo aseguran que detrás del Sindicato Incluyente del IPEJ hay “una mano que mece la cuna” con mucho poder dentro del alfarismo, que ya logró hacerse del control del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud con la salida de Consuelo Robles -bajo investigación de la Fiscalía del Estado- y la llegada del médico José de Jesús Méndez de Lira, originario de San Luis Potosí, con trabajo en el gobierno federal, pero que desconoce el entorno jalisciense.

Se afirma que con el control que esa “mano que mece la cuna” tiene del OPD Servicios de Salud, “ahora va por el control del Instituto de Pensiones”, aunque para lograrlo necesita la salida de su director Argüelles Sánchez y para ello, dicen, ha encontrado en el Sindicato Incluyente -a cuyo dirigente, Ángel Javier Sánchez Mendoza, el IPEJAL le abrió en octubre pasado un proceso administrativo tras ser detenido en el “Torito” y habérsele asegurado el vehículo propiedad del Instituto (El Occidental 01/10/2019)-, el instrumento para ejecer la presión necesaria para concretarla.

De ese tamaño, pues, son las disputas por el poder y el control de órganos claves dentro de la administración alfarista, lo que en muchas ocasiones, como es el caso del IPEJAL, va en detrimento de los jaliscienses que terminan por quedar como rehenes de estas batallas.

La pregunta es: ¿logrará esa “mano que mece la cuna” su objetivo de desplazar a Iván Argüelles Sánchez de la dirección del IPEJAL o éste cuenta con el respaldo de Alfaro Ramírez para mantenerse en el cargo contra “viento y marea”?

Al tiempo…