Creo que se equivocan quienes erróneamente creen que David Gómez Álvarez es el Comité de Participación Ciudadana, incluso se engaña él mismo cuando en su carta pública de defensa asegura, en el punto número uno, que la “campaña de desprestigio” no sólo es contra él sino “en contra del trabajo colegiado y profesional del Comité de Participación Social (CPS)…”.

En cambio, le asiste la razón en el punto dos en el que afirma: “La campaña (…), intenta desacreditar mi actuación como consejero del CPS y busca cuestionar mi trayectoria pública”, que al mismo tiempo contradice y desmiente el primer punto porque no existe ninguna campaña ni se ha hecho público ataque o embate alguno en contra de los otros cuatro integrantes del CPS.

Indudablemente que lo revelado en los últimos días en redes sociales y algunos medios de comunicación tiene como propósito desacreditarlo y cuestionar su trayectoria pública -como él lo dice en su texto-, haciendo público hechos que demeritan y cuestionan el que forme parte de un organismo que presuntamente tiene como tarea combatir la corrupción. No es, por supuesto, una campaña para promoverlo a un mejor cargo público.

En el punto tres, Gómez Álvarez afirma que la nota de Código Magenta “menciona que salí del gobierno en 2016 por un “supuesto conflicto de interés” por un contrato que si bien se licitó tres años antes, en 2013, nunca se asignó. Se trata de un asunto aclarado en su momento que nunca se materializó, sobre el cual no existe ninguna denuncia”.

Miente David Gómez Álvarez.

El contrato -para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo- sí se asignó a la empresa IPS Consulting; tan fue así, que él mismo -antes de partir a la India- y el entonces subsecretario de Administración, Salvador González Reséndiz, defendieron dicha asignación alegando que no existía irregularidad alguna ni conflicto de interés, no obstante que dicha empresa era de quien fungía como asesor externo del propio Gómez Álvarez en los primeros tres meses de su gestión, Erick Lobo, y cobraba por honorarios al Gobierno del Estado como tal cuando se hizo la invitación a concursar para dicho contrato, en junio de 2013. (Mural 06/07/2013).

En ese entonces, González Reséndiz se deslindó del hecho de que como asesor externo Lobo haya tenido acceso a información privilegiada para obtener el contrato, en un proceso que extrañamente se hizo en dos días: en uno se lanzó el concurso y al día siguiente se adjudicó, porque “así lo pidió Planeación”, argumentó Salvador González.

La irregularidad con que se adjudicó este contrato motivó que el entonces coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Gildardo Guerrero, anunciara que presentaría una denuncia penal en contra de David Gómez Álvarez y convocó a una rueda de prensa para informar detalles de la denuncia. Sin embargo, el día en que lo haría fue abruptamente cancelada sin revelar el motivo, pero luego se supo que el legislador fue obligado a cancelarla por el jefe político de su grupo, Eduardo Rosales Castellanos, (Marcatextos 15/07/2013), quien en su momento operó para que Gómez Álvarez llegara a la presidencia del Instituto Electoral del Estado.

Tan se materializó esta licitación, que ante el escándalo público generado al conocerse la forma en que se desarrolló, el nombre de la empresa ganadora y que su director era el amigo y asesor externo de David Gómez, IPS Consulting renunció al contrato obtenido. Fue así como se frustró esta adjudicación, que sería el principio del fin como subsecretario de Planeación.

Este frustrado proceso de licitación tuvo repercusiones posteriores, pues no obstante que Gómez Álvarez tuvo bajo pago de honorarios a 190 personas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, lo más que lograron hacer, en medio año, fue un documento “preliminar” que en agosto del 2018 entregó al Congreso del Estado “para su análisis y aprobación”.

Sí, leyó bien: David Gómez entregó a los diputados una “versión preliminar” del Plan Estatal de Desarrollo “para su análisis y aprobación” -y lo presumió en su cuenta de Twitter-. ¿Cuándo el Congreso aprueba versiones preliminares del PED?

Pero existen otras “perlas” qué contar sobre Gómez Álvarez, como cuando siendo presidente del Instituto Electotal, en marzo de 2009, junto con los consejeros Víctor Hugo Bernal y Nahucatzin Bravo, pretendió concretar un convenio de colaboración con la organización Transparencia Mexicana, que presidía su amigo Federico Reyes Heroles, por el que pagarían del erario… ¡6 mil pesos la hora! Sin embargo, su proyecto se lo echaron abajo los otros cuatro consejeros que no estaban de acuerdo: Tomás Figueroa, Sergio Castañeda, Armando Ibarra y Carlos Martínez Maguey, por lo que tuvo que sacar el tema de la agenda de la sesión extraordinaria programada en marzo de 2009.

O cuando aspiraba a ser consejero del entonces IFE, en octubre de 2010, que un día antes de comparecer ante diputados federales se hizo público que la Auditoría Superior del Estado le había hecho observaciones por 12.5 millones de pesos de su Cuenta Pública 2009 cuando presidía el Instituto Electoral. Se conoció que ésta información se “filtró” del mismo Instituto.

Sin embargo, no obstante que formó parte de una de las ternas de candidatos a consejeros del IFE que se sometieron al pleno de la Cámara de Diputados, fue votado en contra, lo que festejaron ampliamente en el recinto legislativo los entonces diputados Francisco Ramírez Acuña y Alberto Eesquer Gutiérrez, según fueron captados por la cámara de un diario de circulación nacional.

Y eso que dice en sus puntos 12 y 14, ya lo hemos referido aquí en Marcatextos, en sentido contrario, en entregas anteriores que ya más tarde recordaremos.

Al tiempo…