De manera extraña, ayer domingo el Comité de Participación Social (CPS) publicó en sus redes sociales un texto dirigido “a la opinión pública” -con el membrete del Comité en la parte superior izquierda- sin el nombre ni la firma de sus integrantes, ni siquiera la de su presidente Lucía Almaraz, presentándose como víctimas de un ataque inexistente, pero tomando para sí las críticas que se le han hecho a su más reciente adquisición, David Gómez Álvarez.

Gómez Álvarez insiste una y otra vez, como buscando su respaldo en un asunto que tiene todo el tinte personal, que los “ataques” son contra él y el CPS, pero en ninguno de esos “ataques” se hace referencia al Comité ni a ninguno de los demás integrantes.

Con un lenguaje muy similar al que utilizó el propio Gómez Álvarez -no quiero creer que él lo dictó-, cuando replicó lo publicado por el portal Código Magenta, quien en este documento habló a nombre de sus miembros -insisto, no está firmado por nadie-, asumió el ridículo y vergonzoso papel de “tirarse al suelo” para ser levantado, cuando afirma: “cualquier ataque contra uno de los integrantes del CPS por haber cumplido su función es atentado contra el Comité…”.

Qué curioso. David reitera que el ataque en su contra es un ataque contra el CPS, y ahora el CPS -que sale demasiado tarde, si es que realmente es el autor del texto- declara que cualquier ataque a sus integrantes es un ataque al Comité. Muy extraño…

Pero, ¿en qué parte de lo publicado en Código Magenta o lo que a raíz de eso se ha ventilado, se demuestra que el “ataque” contra Gómez Álvarez es “por haber cumplido su función”? ¿No será que a lo largo de su historial público David ha dejado muchos “heridos” en el camino y, por lo tanto, son tiempos de que le quieran cobrar esas “facturas”? ¿De veras creen que su incipiente trabajo en el CPS da como para un “ataque” que generó todo este escándalo? Habrá que preguntarle a quienes en su momento lo apoyaron y los utilizó para satisfacer sus intereses…

El texto del CPS asienta que “repudiamos campañas difamatorias”. ¿Cuál es la “campaña difamatoria” en contra de Gómez Álvarez? ¿Cuáles son las difamaciones? ¿El por qué dejó la subsecretaria con Aristóteles Sandoval? ¿En dónde vive? ¿Cuánto pagó de renta en Cambridge? ¿Sus viajes sin trabajo estable? ¿Su contrato con el ITEI? ¿Su cercanía con liderazgos de la UdeG? ¿Quiénes lo pusieron en el CPS? ¿Todo esto es una difamación?

¿Es una difamación lo que se reveló de su vida privada -que nunca debió de haberse hecho-, cuando él mismo se ha encargado de confirmar que prácticamente todo es cierto pero que nunca debió de hacerse público? Ese es un terreno en el que yo no me inmiscuyo, pero, reitero, su respuesta y el texto que su ex esposa dio a conocer, reconfirman la veracidad de lo revelado.

En su texto, el CPS advierte: “Exigimos el cese inmediato de las hostilidades”. ¿A quién se lo exige? ¿A la opinión pública a la que va dirigido el texto? ¿Por qué no identifica con nombre y apellido quién o quiénes son el autor o los autores de esas “hostilidades”? ¿Conciden con Gómez Álvarez que provienen del Gobierno del Estado -él tampoco personaliza-, pero sin precisar quién o quiénes, llevando a creer que puede ser desde el propio gobernador Enrique Alfaro; el secretario general Enrique Ibarra; el jefe del Gabinete, Hugo Luna; o alguien en particular del despacho del gobernador?

Luego asegura que el CPS “cuenta con amplio respaldo ciudadano”. ¡El absurdo! Basta preguntarle a los ciudadanos si conoce o sabe qué es el CPS, si se sabe el nombre y conoce a sus integrantes, si conoce cuál es la función del organismo, si sabe quién lo creó y para qué… El único “amplio respaldo” con que cuenta el Comité es de los intereses que se juegan en este tipo de organismos y de quienes están detrás de ellos.

Presume que el CPS “no es un adversario político” sino “un contrapeso democrático previsto en la Constitución”. ¿Contrapeso democrático? ¡Otro absurdo! ¿Contrapeso de quién? ¿Democrático? ¡Por favor! Son cinco personas, propuestas por otro tanto que nombraron los diputados y aprobadas por el Congreso del Estado donde sabemos que se juegan intereses partidistas. ¿Dónde carambas está lo de “contrapeso democrático, previsto en la Constitución”? Bájenle unas rayitas a su soberbia, por favor.

En lo que sí tienen razón es en lo que subraya que la Constitución le mandata: “Observar y, en su caso, participar en la evaluación de los aspirantes a diversos cargos públicos”. Así de sencillo: su tarea es “observar” y “evaluar”, en su caso. Esa es toda su tarea. Así de sencilla y modesta, por la que cada uno de sus integrantes recibe un alto sueldo que no desquitan.

Por último, en ese texto el CPS confiesa que “tiene la disposición de trabajar en conjunto con el Congreso del Estado como con el Gobierno de Jalisco (…), sobre la base de las reglas claras y acuerdo de mutuo respeto”. Creo que no se trata de si tienen o no la diposición, Todos y cada uno de sus integrantes están obligados a trabajar bajo las reglas que les establece la ley, no más allá de ello. Y de no estar de acuerdo y pretender convertirse en otro poder, o creer que lo son, entonces quedan dos caminos: atender aquello de “el que se lleva se aguanta” o renunciar al cargo. ¿Cuál camino tomarán?

Así, pues, creo que el meollo de todo este escándalo no está en el trabajo o la labor realizada en y por el Comité de Participación Social, sino, insisto, en los “heridos” que David Gómez Álvarez ha dejado en su andar dentro de la administración pública.

Y si no, al tiempo…