¿Otra vez la Auditoría del Estado como arma política del Ejecutivo?

Con el antecedente de haberse prestado en la pasada Legislatura a “lavar” la cuenta pública 2015 de Jesús Pablo Lemus Navarro de Zapopan, en la que le aplicaron cargos no solventados por mil 282 millones de pesos que no les cobró a desarrolladores inmobiliarios por concepto de licencias y derechos, la Auditoría Superior del Estado estará nuevamente “contra la pared” de confirmarse lo declarado ayer por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí.

Villanueva Lomelí reveló a los medios de comunicación: “Reuniones que ha tenido el gobernador con el auditor superior para pedirle que le encuentre a la universidad, y gente que estuvo en esa reunión me lo ha platicado, que la reunión solo fue para pedirle: ‘actúa, por favor, auditor, contra la universidad’. Entonces de que tenemos temor que el gobernador sí intente usar las instituciones en contra de la universidad, sí, pero tenemos la tranquilidad de que la universidad está bien administrada y que el auditor superior y el auditor del estado no se prestan a esos juegos”.

Y agregó: “Nunca hay que quitar el dedo del renglón que a los poderosos les gustan las auditorías para generar presión política y a veces las auditorías se vuelven políticas y ahí es donde se vuelven peligrosas, porque verdaderamente el uso político de una auditoría puede generar daños institucionales”.

Esta no sería la primera vez que el gobierno del Estado pretenda utilizar a la Auditoría Superior como “arma” política en contra de la Universidad de Guadalajara, pues en septiembre del 2021, a través de sus serviles diputados, emprendió la primera embestida al solicitarle burdamente que auditara el manejo de los 140 millones de pesos destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, un recurso que la UdeG… ¡aún no había recibido!”.

“Si alguien tenía duda de que los diputados, integrantes del Poder Legislativo son un simple instrumento del Ejecutivo para “golpear” a la Universidad de Guadalajara -independientemente de las críticas que le pueden hacer al Grupo Universidad que la tiene bajo su control-, prestándose sin pudor ni vergüenza a actuar y confirmar que son simples empleados del inquilino de Casa Jalisco, basta conocer lo que revela de fondo su Acuerdo Legislativo 7442-LXII en el que le piden a la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) audite los recursos que se han destinado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales”.

Y cerré mi texto con lo siguiente: “Si el auditor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez no se pliega a los caprichos de Casa Jalisco, se hace respetar y hace respetar la autonomía e independencia de la Auditoría Superior del Estado y demuestra que tampoco está para satisfacer las necedades de los diputados que sólo buscan satisfacer los deseos del Ejecutivo, deberá de declarar la “No Procedencia” de la supuesta denuncia “por notoriamente improcedente”, fundado en lo que señala el dictamen técnico jurídico, como lo establece el numeral 56, punto 1, de la mencionada Ley de Fiscalización Superior.

“No hacerlo, ante las evidencias, demostrará que al igual que los diputados no es sino un “títere” al servicio del Ejecutivo estatal”.

Finalmente, tanto el auditor Ortiz Ramírez como el Congreso del Estado, mandaron a la “congeladora” tan absurda petición y no le volvieron a mover más.

Ahora se viene otro amago más desde Casa Jalisco en contra de la UdeG. Si es cierto que el gobernador Alfaro le pidió al auditor superior que le “rascara” a la Universidad de Guadalajara y le aplicara una auditoría “a modo”, la independencia y autonomía de Jorge Alejandro Ortiz Ramírez estará a prueba. Si cede a los caprichos del gobernante, entonces “demostrará que al igual que los diputados no es sino un ‘títere’ al servicio del Ejecutivo estatal”.

Al tiempo…