Lo que para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez fue una “decisión histórica” del Consejo de la Judicatura, como fue la sorpresiva rotación de 67 jueces en el estado aprobada ayer, para el presidente del mismo y del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves, no mereció el más mínimo comentario.
El sumiso silencio de Suro Esteves y la aparición de Alfaro Ramírez en un video difundido ayer a través de sus redes sociales, festinando la decisión de los consejeros, reconfirmó que como en los años gloriosos de los gobiernos del PRI, los hilos de los otros dos poderes -Legislativo y Judicial-, a los que el Ejecutivo calificó morbosamente de “autónomos”, se siguen moviendo desde Casa Jalisco con la docilidad de quienes los presiden.
Ricardo Suro no fue capaz de darle la cara a los jaliscienses para explicar el porqué del cambio de adscripción de más de medio centenar de jueces, quizás porque ni él mismo podía justificarlo y simplemente ejecutó las instrucciones recibidas, como en aquella ocasión cuando vergonzosamente dio marcha atrás a una decisión aprobada en pleno para recurrir a la controversia constitucional por las reformas al Poder Judicial.
Hoy nuevamente demostró estar a las órdenes -y seguirlas a pie juntillas- de las instrucciones del gobernador.
En cambio, Alfaro Ramírez “interpretó” muy bien las razones que llevaron a Suro Esteves y demás consejeros de la Judicatura , integrantes del “autónomo” Poder Judicial, a realizar los movimientos de jueces con los que se vió favorecido el sobrino -Samuel López- del ex secretario general de Gobierno, Roberto López Lara -quien semanas antes comió con el gobernador en Casa Jalisco acompañando al ex mandatario Aristóteles Sandoval-.
El gobernador explicó lo que Suro Esteves no pudo, no quiso o no lo dejaron explicar sobre las razones del movimiento de jueces. Dijo: “Es el inicio de una transformación de fondo del Poder Judicial (…); sienta las bases para iniciar un proceso de reconstrucción integral que puede romper con todo el cúmulo de intereses acumulados alrededor de la toma de decisiones del Poder Judicial. Es un paso que demuestra el compromiso de este Poder autónomo -lo dijo en serio- del estado de Jalisco”.
Además, como para que no quedara duda de que él tiene el control también del Poder Legislativo, abundó: “Hoy queda en evidencia que los cambios que se han impulsado desde el Congreso del Estado, otro poder autónomo -también lo dijo en serio-, en la integración del Consejo de la Judicatura, a pesar de los señalamientos, de las críticas, de la embestida que se generó alentada por esos mismos intereses que impedían que la impartición de justicia se hiciera apegada a derecho -lo dijo en serio- y no movida por la corrupción -también lo dijo en serio-“.
Y remató como buen jefe no sólo del Ejecutivo sino también del Judicial: “Sé que va a haber mucho ruido al respecto. No son pocos los intereses que se acaban de afectar (…). Es un paso decisivo que no afecta en nada los derechos de los jueces; lo único que afecta son los intereses creados al interior del Poder Judicial”.
En una palabra, se afectaron los intereses de quienes ya no están en el poder, para beneficiar los intereses de quienes hoy están en el poder. Así es la “rueda de la fortuna” en la política.
Sin embargo, a decir de algunos litigantes, lo que sí se afecta con estos movimientos es la impartición de justicia, pues, por ejemplo, un juez que conoció de un juicio, que desahogó audiencias, confesionales, testigos, inspecciones, y todo el desarrollo del proceso, finalmente no será quien lo resuelva, sino un nuevo juez que desconoce el todo. Y en el mejor de los casos, advierten, si estudia el caso entonces se retardará la sentencia o el acuerdo. O, incluso, terminaría resolviendo de acuerdo a las instrucciones recibidas desde el Consejo de la Judicatura. ¿O esto nunca sucede?
Lo sucedido ayer en el Consejo de la Judicatura, apuntan, afecta gravemente porque desde marzo pasado hasta el lunes anterior, la impartición de justicia estuvo parada por la pandemia. Y ahora que están de regreso se encuentran con estos cambios que conllevan diligencias y audiencias ya programadas, ahora se cancelan; acuerdos redactados, van para atrás; y sentencias ya en proceso, quedan detenidas.
Por otro lado, cuando se cree que los cambios de jueces se dan por dos causas: corrupción o promoción por méritos, al parecer ninguna de ellas fundamentó la decisión de los consejeros de la Judicatura, pues si era por lo primero, entonces deben ser cesados y sancionados, y si era por lo segundo, ¿cuáles fueron esos méritos? Pero ni una ni otra cosa fueron las causas.
Al menos no lo reveló el gobernador Alfaro Ramírez en su papel de “vocero” del Poder Judicial, lo que deja entonces abierta la sospecha de que los cambios se realizaron por consigna o porque quizás algunos jueces -¿o todos los removidos?- no convenía dejarlos donde estaban o era conveniente colocar a algunos en donde les interesaba que estuvieran.
Y como bien lo dijo el Mandatario estatal, con estos cambios se afectaron muchos intereses, pero también se beneficiaron muchos otros que tienen nombre y apellidos y que son parte de su equipo de colaboradores o que responden a compromisos ya adquiridos que con esto se solventan.
Y si no, al tiempo…
