Por Jaime Ramírez Yáñez

Este sábado terminó la VIII Reunión Nacional de Jueces de Primera Instancia en la que, durante cuatro días –del 27 al 30 de junio– trabajaron en cinco mesas de trabajo en materia civil, penal, mercantil, familiar y de temas diversos.

Los 170 jueces de primera instancia del país concluyeron, entre otras cosas, que es necesario que se implementen los juicios orales en México. La realización de este procedimiento debe, dicen los juzgadores, ser en forma gradual y condicionada a que se le asignen los recursos suficientes por parte de los estados al Poder Judicial de cada entidad, para que prospere dicha reforma.

Durante la clausura del evento a cargo del presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, Luis Martín Chan Aviña, se presentaron las conclusiones y propuestas; se anunció que varias de ellas, las harán llegar los juzgadores a sus respectivos congresos locales para su trámite legislativo..

En el tema de la a justicia integral para adolescentes se insistió en que debe ser garantista, aplicando medidas de orientación, protección y tratamiento para los adolescentes.

En este contexto, se reiteró que al en tanto los jueces del fuero común carecen de competencia para conocer de delitos federales tratándose de personas menores de dieciocho años, resulta necesario que la federación realice la regulación correspondiente para evitar la ilegalidad.

Y que es necesario que la federación asigne recursos suficientes para que los Estados afronten la problemática de la justicia integral federal especializada para adolescentes.

Quedó asentado que el derecho penal se constituye como un auxiliar del derecho de familia para cumplir con esos propósitos, al contemplar tipos penales que sancionan conductas consideradas ilícitas y atentan contra las niñas, los niños y los adolescentes.

Igualmente se consideró preponderante la necesidad de establecer un procedimiento para obsequiar las solicitudes de restitución internacional de menores.

Se señaló que en los casos de delitos de violencia intrafamiliar resulta necesario facultar al juez para que aplique como medida cautelar el que el inculpado no se acerque al domicilio de la victima con la finalidad de evitar futuras agresiones.

Otra de las propuestas de los juzgadores que solo un abogado defienda al inculpado en materia penal y que debe de eliminarse la intervención en el proceso penal de la persona de confianza y por supuesto de quienes no tengan la calidad de abogado.

Asimismo, se propuso que se proceda a la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias, ya que, sostuvieron los jueces, atentan contra el principio de mínima intervención.

Otro de los temas fue la carga de trabajo en los juzgados penales pr la atención de delitos cometidos con motivo del tránsito, para disminuirla se propuso que se obligue a que todo conductor cuente con un seguro de daños a terceros.

Finalmente, se concluyó que para evitar el abuso de la prisión preventiva y en cumplimiento al principio de presunción de inocencia deben catalogarse únicamente como delitos graves aquellos que realmente afecten a la sociedad; en consecuencia la prisión preventiva debe ser impuesta únicamente en casos excepcionales.