Por José Antonio Elvira de la Torre
Como una especie de respiro o escape de los temas electorales que se llevan la mayor parte de nuestra atención en estos días, aún antes de que se realice la elección presidencial en junio próximo y sepamos quién ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, y si tendrá mayoría congresional de su mismo partido o si, por el contrario, enfrentará un escenario de gobierno dividido, se han reportado, desde distintos ámbitos (académico, empresarial, periodístico, financiero), diversas alertas que permiten pensar que el próximo gobierno federal enfrentará una situación complicada, por decir lo menos.
Salud
Uno de los primeros signos en ser evidentes lo compartió el estudio de la medición de la pobreza 2023 del CONEVAL que mostró cómo pasamos de 8.7 millones de personas en situación de pobreza extrema en 2016 y 2018, a 10.8 en 2020 y a 9.1 en 2022. Aunque el crecimiento en 2020 se explica en gran medida por la pandemia, la recuperación no sólo ha sido lenta por las políticas y programas públicos insuficientes, y más orientados al ingreso que a resolver las carencias por acceso a servicios básicos. En resumen, tenemos más personas viviendo en pobreza extrema que hace 8 años, o que hace 6 cuando este gobierno federal inició su periodo. Como ejemplo, el preocupante aumento de personas con carencias por acceso a servicios de salud que pasó de 18.8 millones en 2016, o a 20.1 millones en 2018 (si se prefiere ver sólo las cifras de este gobierno), a 50.4 millones de personas en 2022 (un aumento de 31.6 millones, o de 30.3 millones, respectivamente).
La cifra de personas con carencias por acceso a servicios de salud (50.4 millones) es casi coincidente con la cifra de personas que se reportaba en 2019, eran atendidas por el Seguro Popular antes de su desaparición, que permitía el “acceso a servicios de prevención y promoción en salud, medicina general y de especialidad, urgencias, cirugía general y obstetricia… [y] proporcionaba servicios de alta especialidad para tratar enfermedades costosas y potencialmente mortales consideradas en un catálogo de 66 enfermedades a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, gestionado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud” (IMCO, 2023).
Como puede apreciarse en la siguiente gráfica del propio estudio del IMCO, la respuesta gubernamental, además de cancelar el Seguro Popular para sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que a su vez fue sustituido por el IMSS-Bienestar (como un organismo público descentralizado), fue la de aumentar el monto de recursos, tanto aprobados como realmente ejercidos. No obstante, los resultados en materia de cobertura, oportunidad y calidad de la atención siguen siendo negativos.
Recuperado de: https://imco.org.mx/sube-y-baja-de-los-recursos-para-salud/
Déficit de las finanzas públicas
Desde que se presentó para su discusión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el presupuesto de egresos 2024, se conoció el déficit proyectado por el Gobierno Federal por cerca de dos billones de pesos, el mayor para las finanzas públicas del país en más de 30 años. Esto significa que el Ejecutivo Federal presentó un proyecto de gasto público en pleno año electoral que no contaba con los ingresos suficientes para ser financiado, en una evidente estrategia de seguir manteniendo apoyos económicos directos a las personas sin que impliquen una política sustentable para el desarrollo de oportunidades que les permitan, en el corto plazo, acceder a una calidad de vida suficiente y dejar de depender de los apoyos monetarios en algún momento.
El aparente lejano escenario del agotamiento de los recursos públicos se ha convertido en un inminente problema para la economía de la nación y, eventualmente, para la economía personal y familiar de las personas en condiciones de vulnerabilidad. No fue suficiente para el gobierno federal la alerta de haber consumido el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) que desde el año 2000, las anteriores administraciones habían generado, mediante el resguardo de ingresos excedentes (y que alcanzaron la cifra 297 mil millones de pesos al inicio del actual sexenio). Por el contrario, en lugar de diseñar e implementar políticas sustentables para la equidad de oportunidades y el desarrollo humano, se ampliaron los programas de gasto discrecional sin mecanismos de control suficientes para evitar mal uso o desvío de los recursos públicos y sin criterios de evaluación técnica, objetivos y suficientes, para conocer los resultados e impactos que tienen en la vida de las personas.
Como ejemplos de esta dinámica, los costos negativos de empresas públicas como PEMEX, que tan sólo en el tercer trimestre de 2023 tuvo pérdidas por más de 79 mil millones de pesos. Hasta antes del cierre del ejercicio 2023, en este sexenio PEMEX había recibido del Gobierno Federal 806 mil millones de pesos, tanto para el pago de su deuda (estimada actualmente en más de 105 mil millones de dólares), como para la concreción de proyectos (como la refinería de “Dos Bocas” en Tabasco, que fue proyectada inicialmente con un costo de 160 mil millones y que a febrero de este año reportaba ya una inversión de 320 mil millones de pesos, esto es más del doble de lo proyectado). O, por otro lado, un proyecto aún más costoso, el “Tren Maya”, que se estima ha gastado ya más de 500 mil millones de pesos, sin que esté completamente finalizado y operando a plenitud.
¿Cómo debe enfrentar el siguiente titular del Ejecutivo federal este problema?
El reto no es menor para quien resulte electa/electo en la elección de junio próximo. Se encontrará con una mezcla de problemas que se han hecho más complejos y más “perversos” con el paso de los años (seguridad, delincuencia, migración, explotación, asesinatos, desapariciones), con una autoridad cada vez más desgastada del gobierno (que no necesariamente de la figura personal del aún Presidente de la República) en términos de credibilidad y respaldo ciudadano a sus acciones, con recursos limitados (financieros, técnicos, de inteligencia). No está de más comenzar a pensar en cómo enfrentaremos juntos, gobiernos y ciudadanos, el escenario complicado de los próximos años, aún si las estrategias de algunos siguen buscando dividirnos y confrontarnos por nuestras opiniones, por nuestras preferencias políticas y por nuestras visiones de comunidad.
